Las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 7% en Galicia en 2009 en relación con el año anterior, mientras que la caída fue "en picado" desde 2007, del 21%, según los datos que maneja el colectivo ecologista Verdegaia a partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

El responsable del área de energía y transporte de la asociación, Xosé Veiras, atribuyó estas cifras -que analiza en el informe Las emisiones de gases de efecto invernadero en Galicia (1990-2009), disponible en su página web- a la crisis económica y a la reducción de la utilización de carbón para producir energía. Pese a que los números "no son malos", Veiras sostuvo que el "desinterés" de la Xunta y de los ayuntamientos por divulgarlos demuestra su "despreocupación" en la lucha contra el cambio climático.

El Protocolo de Kioto fija como meta la reducción de las emisiones en un porcentaje aproximado del 5% desde el 2008 al 2012, en comparación con las emisiones de 1990. El estudio elaborado por Verdegaia refleja que la evolución desde ese año base (1990) en Galicia apunta a la "estabilización" de las emisiones, con un aumento del 1,8% hasta 2009. Aunque, con ello, se sitúa "bien" con respecto a España -donde se incrementaron en un 30%-, Verdegaia subraya que Galicia está "mucho peor" que la Unión Europea de los 15 -la que firmó el protocolo-, donde la reducción fue del 12,17%. España constituye "un ejemplo pésimo", criticó Veiras.

Por sectores, la "fuerte caída" (-38,59%) de las emisiones en el ámbito de la producción energética compensa el "aumento significativo" del resto de sectores, entre los que la subida "desbocada" del transporte (+128,12%) se encuentra a la cabeza. En este apartado, Veiras reprobó la "desmesurada" política de infraestructuras de transporte del Gobierno gallego. Junto con el desarrollo urbanístico "difuso" de Galicia, el incremento de la red de vías de alta capacidad en los últimos 20 años generó "más tráfico inducido".

"Con el tiempo, se ve lo ruinosa que es la política de infraestructuras de transporte, aún hoy vigente y pese a la fuerte reducción del gasto público", aseveró el responsable del colectivo ecologista.