La vida del coruñés José Luis Soto dio un giro de 360º hace trece años cuando, siendo todavía un niño, fue arrollado por un coche y sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó irreparables secuelas físicas y psíquicas, hasta el punto de que, en la actualidad, tiene reconocida una minusvalía de grado III, equivalente a una discapacidad del 96%. Hasta el pasado mes de junio, este joven, que ahora cuenta con 23 años, acudía todos los días al antiguo centro de educación especial Santiago Apóstol (hoy en día, el Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de A Coruña) pero, tras el parón estival, no se ha podido reincorporar porque, según denuncia su madre, Cristina Figueirido, la Xunta le exige renunciar a la ayuda de 290 euros que cobra por la ley de dependencia y al 38,5% de su pensión no contributiva (de 500 euros) para obtener una plaza.

"Cuando se anunció que el Santiago Apóstol dejaba de ser un colegio especializado y se convertía en residencia y centro de día, la dirección se reunió con los padres y nos aseguró que los cambios iban a ser para mejor, hasta el punto de que, incluso, nos garantizó que se iba a suprimir el límite de edad de los usuarios, que hasta entonces era de 23 años", señala Cristina, quien asegura que su sorpresa fue mayúscula cuando, poco después, le comunicaron que tenía que pagar para continuar llevando a su hijo al centro. "Para que José Luis siga yendo al centro, tenemos que renunciar a la ayuda de 290 euros que cobra por la ley de dependencia y al 38,5% de su pensión no contributiva de 500 euros, de manera que sus ingresos mensuales se reducirían a unos 300 euros, que no llegarían para cubrir sus gastos de manutención y sus necesidades básicas, por lo que no le queda más remedio que quedarse en casa", lamenta esta coruñesa.

La madre de José Luis explica que su hijo no puede valerse por sí mismo y necesita una persona a su lado durante todo el día y también por la noche, ya que incluso precisa que le den la vuelta en la cama. "Las familias que tenemos a alguno de nuestros miembros en esta situación, en vez de sentirnos respaldadas por la sociedad y las administraciones públicas, nos encontramos con que nos deniegan las prestaciones más básicas", destaca Cristina, quien reconoce que, desde que José Luis no acude al centro, la situación en su casa se ha vuelto "insostenible". "Tanto para él como para mí, que no me puedo separar en ningún momento de su lado, ni siquiera para tareas tan cotidianas como ir a la compra o hacer la comida", subraya, y añade: "Evidentemente, tampoco puedo trabajar, con lo que el único ingreso que entra en casa es el sueldo de mi marido, que es transportista, y la pensión de José Luis (el joven tiene otros dos hermanos, uno de ellos menor de edad, que también residen en la vivienda), por lo que no podemos permitirnos renunciar a la ayuda de la dependencia ni al 38,5% de su pensión. Sobre todo, teniendo que en cuenta que, si lo hiciéramos, el centro de día sólo garantizaría el cuidado de mi hijo de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas ", apunta.

Consultadas sobre el caso, fuentes de la Consellería de Benestar indicaron a este periódico que, cuando un joven con discapacidad supera los 21 años, "pasa a depender del sistema de dependencia que, tal y como recoge la ley, obliga al copago". "Además, cuando se trata de un programa de atención individual, las prestaciones son incompatibles. Como norma general, nadie puede tener dos prestaciones a la vez (por ejemplo, una plaza en un centro de día y una ayuda económica)", indicaron las mismas fuentes de Benestar, quienes aseguraron, no obstante, que "pueden darse excepciones".