El secretario general de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica, Juli Martí, explicó ayer que tras el retraso en el pago a los centros concertados, teme que "se cree una situación compleja para garantizar el pago de compras y el sueldo de los trabajadores". Martí hizo estas declaraciones después de que el pasado martes la Generalitat anunciase que retrasará dos meses el pago a geriátricos y residencias concertadas de discapacidad, lo que podrá afectar a 140.000 usuarios y 5.000 trabajadores.

Asimismo, mostró su "preocupación" por la iniciativa planteada por la Generalitat Catalana y añadió que los directores de estos centros se enfrentan a una situación complicada en la que pueden producirse inhabilitaciones.

Recordó que los directores de estos centros están sujetos a un régimen que les puede inhabilitar a más de dos años si un inspector detecta una mala situación del confort del residente: "Si no hay recursos, las inhabilitaciones se pueden convertir en una realidad".