El modelo público-privado elegido por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para la renovación y la compra de equipos de alta tecnología para los hospitales gallegos, conocido como diálogo competitivo, implica el pago de un canon durante ocho años a la empresa a la que se le adjudique el suministro, el mantenimiento y la gestión de los aparatos.

Tras la aprobación en el Parlamento, con la oposición de PSdeG y BNG, de la proposición no de ley mediante la que el PP gallego anunció la nueva fórmula, el diputado Miguel Santalices explicó ayer que se trata "de una especie de renting". "Las empresas presentan sus ofertas y se abre un diálogo con ellas para perfilar la oferta más ventajosa. A la que salga elegida, la Xunta le pagará una cantidad todos los meses, es como un renting en el que vas pagando y al final te quedas con el coche, por poner un ejemplo", argumentó ayer el diputado del PP gallego, autor de la iniciativa, quien aclaró que el coste total de todos los equipos que necesita el Sergas rondará los 45 millones de euros, no los 200 a los que se refirió en el Parlamento por un malententido. "En la sesión, al pronunciar 200 millones me refería a los 200 millones de pesetas que cuesta una resonancia en el mercado", puntualizó.

Expertos en contratación pública consultados por este periódico aseguran que el diálogo competitivo tiene ventajas pero también riesgos. "Se orienta a proyectos con una fuerte interrelación entre la actividad pública y la privada, sobre todo en inversiones importantes y con gestión de naturaleza privada, además de la financiación también, la empresa se encarga de la prestación", explican los especialistas, quienes añaden que es interesante "cuando el sector público carece de fondos suficientes y quiere transferir el riesgo al sector privado". "Si la demanda de un servicio no es muy alta, el sector público se compromete a pagar un canon y con independencia de la rentabilidad que obtenga la empresa, de esta forma amortigua coste sin utilizar un material caro. La otra cara de la moneda es que se deja en manos privadas la prestación de un servicio público y, si es altamente demandado y el canon reducido, sería un buen negocio para la entidad privada. Hay que exigir además un mínimo de calidad para una prestación adecuada del servicio. Se utiliza mucho en Canadá, Reino Unido o Australia en construcción de hospitales, generación de energía o gestión de residuos", argumentan los expertos.

Advierte Santalices de que "el diálogo competitivo" es la mejor opción de todas las que barajó la Administración autonómica para hacer frente a un gasto "necesario para renovar la tecnología hospitalaria" en un momento muy complicado por las limitaciones presupuestarias. "Las ventajas son muchas: permite solucionar una inversión grande, en la que está incluida el mantenimiento, y la ejecución es muy rápida", comentó Santalices, quien advierte de que es la primera vez que se recurre a este modelo en Galicia.

Si bien el artículo 163 de la Ley 30/2007 de contratos del sector público incluye primas o compensaciones para las empresas que participen presentando sus proyectos y al final no resulten adjudicatarias, Santalices asegura que aún desconoce cómo se afrontará esta medida en la contratación.

Los ocho años de duración del servicio coinciden con el periodo de vida de un mamógrafo o una resonancia magnética, por ejemplo, de modo que todo apunta a que la Administración gallega y el sector privado deberán compartir riesgos, gestión y financiación hasta que sea necesario volver a renovarlos.