"¡No soy un asesino, me condenaron por dos homicidios!". Nemesio Antonio Pisonero Domínguez, que desde que mató a tiros a su mujer y a su hijo mayor en el chalé familiar de Laguna de Duero (Valladolid) en 1998 cobra la pensión de viudedad de su víctima, profesora de instituto como él, se mostraba ayer, en Ourense -donde cumple condena- indignado por la notoriedad de su caso.
"También mienten sobre la cuantía de mi pensión" , asegura por teléfono a este periódico, aunque evita pronunciarse sobre si la suma de prestaciones percibidas durante estos 13 años a costa de su víctima supera los 140.000 euros. Sin dar opción a nuevas preguntas, corta la comunicación telefónica con un: "Después de como me han puesto, dejen, dejen...".
La situación del profesor Nemesio Antonio Pisonero pone de manifiesto importantes lagunas legales para evitar que un homicida se lucre a cuenta de su víctima. El caso de este reo, condenado en firme a 26 años de prisión antes de que entrara en vigor la Ley de Violencia de Género en 2005 y que cumple el tercer grado penitenciario en la cárcel ourensana de Pereiro de Aguiar, ha puesto en marcha la potente Administración de Estado y podría llevar a una modificación legislativa si no se encuentran resquicios legales para revocar una prestación que permite al homicida lucrarse de su víctima.
La Fiscalía General del Estado considera injusto que cobre la viudedad de la mujer a la que mató, pero entiende que "la Ley Integral de Violencia de Género se crea sin carácter retroactivo y cuando a él ya se le había adjudicado la prestación. Se trata de una manifiesta injusticia, pero la pensión cuenta con todas las bendiciones legales", informó ayer a este periódico un portavoz oficial de la institución.
La Sección de Violencia de Género, no obstante, ha abierto una amplia investigación para detectar todos los casos similares que se estén dando. "Hay una honda preocupación para que afloren todas las situaciones, porque no parece que se trate de un hecho aislado", explican fuentes próximas a la Fiscalía.
De hecho, los fiscales delegados de violencia de género estudian posibles fórmulas que permitan no solo revocar las pensiones que cobren por sus víctimas los condenados, sino la devolución de prestaciones desde que fueron condenados con sentencia firme.
La Fiscalía parte de la Ley de Violencia de Género, pero también de un Real Decreto anterior que establecería la prohibición de que el homicida pueda cobrar este tipo de prestaciones. El principal problema radica, según las mismas fuentes consultadas, en articular la tramitación para que una vez que se dicte sentencia firme sean devueltas las cantidades percibidas durante la tramitación de la causa. En concreto buscan una fórmula legal para ver de qué modo las pensiones indebidamente cobradas se pueden devolver.
El caso de Nemesio Antonio, que perdió su condición de funcionario público tras ser condenado en firme por el Tribunal Supremo en 2001, ha abierto un amplio debate jurídico que podría derivar en modificaciones legales. Mientras la Seguridad Social contempla como pérdida de la pensión de viudedad haber matado o lesionado a la persona de la que sería beneficiario, la situación no está tan clara en el caso de los funcionarios públicos que cobran por las clases pasivas de Muface. Por eso los juristas buscan en las disposiciones de la función pública y órdenes ministeriales anteriores a 2004 posibles bases para la revocación de estas prestaciones.
Asociaciones de juristas consultadas por este periódico abordarán en próximas reuniones el caso: "Esto es una aberración, tiene que haber algo que lo impida. No solo en casos de violencia de género, ¿y si es al revés, o alguien que mata a sus padres o a sus hijos y vive de su pensión?
El caso de Nemesio no es el único. Hace una semana salía a la luz que un vecino de Girona, detenido por matar a su pareja en 2005, cobraba la viudedad desde entonces.
