Los inspectores universitarios, que serán funcionarios públicos de carrera, tendrán carácter de "agentes de la autoridad" y portarán "la correspondiente acreditación", a modo de placa, "que exhibirán en el ejercicio de sus funciones". ¿Cómo operarán? Según describe el anteproyecto de ley de universidades, de modo similar a un cuerpo de inspección o de policía, por poner un símil. "Las universidades y sus representantes o titulares de las entidades promotoras están obligados a facilitar a los funcionarios que realicen la inspección el acceso a las dependencias e instalaciones de la entidad para el examen de documentos, libros y registros que estén relacionados con su actividad", incluye el borrador. Están obligados, además, "en caso de inspecciones no presenciales, a facilitar la información y la documentación requerida por la inspección". Si el titular no estuviese presente, el inspector "tomará nota del tal hecho y dejará a la persona que esté presente requerimiento, advirtiendo de que en el plazo de 24 horas se procederá a realizar la inspección de nuevo". También deberán facilitar a los inspectores la obtención de copias o reproducciones de la documentación que se le exija.
Siempre que la multa impuesta a las universidades por incumplimiento de la legislación vigente sea superior a los 30.000 euros, es decir, infracciones graves o muy graves, saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Pero en los casos de mayor gravedad, en las escalas de grave y muy grave, puede que el pago de la cantidad requerida no sea suficiente para saldar la infracción. Tal y como incluye el anteproyecto de ley, la multa económica puede llevar aparejada suspensiones de actividad, cierre temporal de instalaciones o incluso inhabilitación para las funciones de las universidades. Solo se aplicarán estas medidas si se puede probar "intencionalidad o reiteración". El anteproyecto enumera sanciones no económicas: "Cierre total y parcial de las instalaciones, suspensión de la actividad cuando la infracción suponga un notorio perjuicio para el sistema universitario o daños irreparables en los alumnos o la inhabilitación total o parcial para el desarrollo de funciones y actividades similares durante un periodo de tiempo, nunca superior a cinco años". También plantea la supresión de ayudas oficiales, créditos o subvenciones.
