La ley exige expulsar hasta cinco años a alumnos que cometan faltas graves

Esta sería la pena máxima a la que se expondría un alumno, si el texto legislativo final queda igual que la propuesta actualmente en estudio, pero sólo si la falta cometida fuese extremadamente grave. El anteproyecto, que enumera tanto los derechos como los deberes del alumnado, expone los casos concretos por cuyo incumplimiento un universitario podría ser penalizado.

¿Qué han de respetar los estudiantes con sumo cuidado y precaución para evitar amonestaciones? "Respetar el derecho al estudio de sus compañeros, así como el ejercicio del personal docente, investigador y del personal de administración y servicios; tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad universitaria; usar con respeto y diligencia los materiales y los espacios universitarios y abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". Estas son las obligaciones incluidas en el artículo 83 (Deberes y régimen disciplinario) del borrador de la ley. Incumplir cualquiera de estos cuatro apartados puede conllevar castigo.

De hecho, la futura ley propone que los estatutos universitarios y sus reglamentos internos de desarrollo "concretarán, especificarán y graduarán infracciones que se correspondan con la vulneración" de los mismos, "así como con la de otros deberes establecidos en el Estatuto del Estudiante Universitario o en normas de rango de ley.

"Corresponde a los estatutos universitarios o a sus reglamentos de desarrollo contener el correspondiente cuadro de infracciones, que oscilarán entre la amonestación escrita, para las infracciones leves y la pérdida de la condición de estudiante por un máximo de cinco años para las muy graves", describe el borrador del anteproyecto. Independientemente de lo que decidan las universidades en sus estatutos, la Xunta incide en uno de los deberes de los alumnos, el relacionado con la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación o documentos oficiales. Es decir, en todo lo relacionado con falsificación o modificación de documentos o incluso tráfico de exámenes o cualquier tipo de incursión que no corresponda al estudiante en las pruebas de evaluación. Para este supuesto, "sin prejuicio de su posible tipificación en los estatutos universitarios o en los reglamentos de desarrollo, el incumplimiento de este artículo se calificará como infracción leve y supondrá la amonestación del infractor y el suspenso con nota de cero en la materia en cuestión".

La acumulación de dos infracciones de este tipo en cuatro años se considera como infracción grave y sancionada con la pérdida de los derechos como estudiante durante un mes y doce meses.

Pero las universidades también tendrán sus obligaciones, incluidas en la ley, de cara a tratar lo mejor posible a su alumnado. Por ejemplo, "favorecer su movilidad en el Espacio Europeo de Educación Superior". El deber de que el alumnado pueda realizar parte de sus estudios en el extranjero constará, y por ley.

"Las universidades deberán establecer programas de acogida y estancia para estudiantes europeos, y para este fin se podrán establecer ayudas específicas", dice el artículo 87 del borrador de la ley.

También será un deber de las instituciones académicas gallegas implicarse en la inserción laboral de su alumnado. "En colaboración con la Consellería competente, deben orientar al alumnado en su incorporación al mundo laboral y favorecer su inserción en este", incluye el documento, que también incide en "favorecer la capacidad emprendedora de su personal de investigación y de los estudiantes, para impulsar la creación de empresas o iniciativas innovadoras". Además, el borrador incluye un apartado específico para estudiantes descendientes de emigrantes gallegos en el extranjero y provenientes de países en vías de desarrollo, de manera que las universidades fomenten su incorporación, tanto en grados como en másteres.