El Gobierno ha anunciado que el nuevo texto de la ley del aborto exigirá el consentimiento paterno cuando sea una menor la que desea interrumpir un embarazo. Se anula así el punto más conflictivo de la ley actual, que permitía a las jóvenes que alegaran peligro de violencia familiar, amenazas, coacciones o una situación de desarraigo, abortar sin el consentimiento de los padres. Los ginecólogos gallegos aseguran que la mayoría de menores ya acuden a consulta con sus padres y ven injustificado el cambio en la normativa

AMAIA MAULEÓN | A CORUÑA Las menores ya no podrán abortar sin el consentimiento paterno. El controvertido punto de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo -que solo lleva un año y medio en vigor- ha sido suspendido por el Gobierno, que anuncia un nuevo texto del que, por el momento, solo ha quedado claro este aspecto. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ya avanzó que la anunciada reforma incluirá medidas para que las mujeres que se vean en situación de abortar "puedan optar por otras decisiones".

La noticia es vista como un paso atrás para unos y como un avance para otros. Javier Valdés, presidente de la Sociedad Gallega de Contracepción y ginecólogo en un Centro de Planificación Familiar, cree que la ley actual "es buena" y que volver a la anterior sería "una gran equivocación". Destaca el hecho de que no han tenido "ni un solo caso" de un menor que no contara con el consentimiento de sus padres. "Han venido acompañadas siempre de padres y hasta de abuelas; este punto en concreto, que tanto da que hablar, a los que estamos a diario trabajando en estos temas no nos ha dado ninguna complicación así que si esa modificación facilita que se termine con la polémica pues que la hagan", razona. "No va a cambiar nuestro trabajo cotidiano", sostiene.

Valdés afirma que a la consulta llegan familias de todos los "colores" políticos, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. "Lo que la mayoría de los médicos pensamos es que cada uno debe de hacer lo que su conciencia le dicte y que nadie debe meterse en estas decisiones; la gente de la calle tiene más sentido común que muchos políticos", indica este ginecólogo.

Por otra parte, este doctor critica que, a pesar de las subvenciones de los anticonceptivos "siguen resultando caros y mucha gente no los compra por esa razón".

Por su parte, el doctor Elías García Climent, responsable de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), se muestra de acuerdo con la exigencia de nuevo del consentimiento paterno cuando una menor de edad desea interrumpir el embarazo. "En ese aspecto estoy de acuerdo porque era una burrada permitirles hacerlo sin él y atentaba contra el sentido común", indica. La actual ley no le convence aunque considera que tiene avances importantes. "El aborto es libre ahora y ese es un avance importante", señala.

La ACAI considera que "volver a la ley de supuestos de 1985 o a una ley aún más restrictiva, es volver a tutelar el derecho de la mujer a decidir sobre su gestación, lo que supone un claro retroceso en relación a los derechos básicos de las mujeres, distanciándonos con ello del resto de las legislaciones europeas".

Satisfecha con la noticia se muestra Coloma Viúdez, portavoz de la asociación provida Red Madre en Galicia, que considera que la reforma de la ley del aborto "es muy necesaria". La decisión de volver a exigir el consentimiento de los padres de las chicas de 16 años le parece "de sentido común: es un aspecto que ha levantado mucha polémica y la población demandaba que se cambiara, es un buen primer paso pero hay que hacer más cambios", aclara.

La Asociación exige a los políticos "que retomen el tema y consigan una ley que defienda igual a las mujeres y a los hijos". Considera que la ley actual "nació científicamente vieja" ya que no tuvo en cuenta "los últimos descubrimientos de la vida prenatal que demuestran los profundos lazos entre madres e hijos desde los periodos más tempranos del embarazo".

Del mismo modo, el Foro de la Familia cree que la reforma que realice el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy debe ser tan "ambiciosa" como para derogar la normativa aprobada en 2010.