Tres años de ESO y tres de Bachillerato; otros tres años para la FP de grado medio (uno más que ahora), y fin a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Estas fueron algunas de las novedades presentadas ayer por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien confirmó la apuesta definitiva por el Estatuto Docente -marco normativo en el que se reconozca al profesorado la capacidad de "autoridad pública", un estatus con el que ya cuentan los docentes de algunas comunidades - y dejó abierta la puerta para una posible concertación del Bachillerato. "Vamos a ver qué mecanismo arbitramos. No nos aferremos a prejuicios sobre la conveniencia de extender la gratuidad", señaló el ministro a una pregunta del portavoz del PSOE en el Congreso.
El nuevo sistema fijará una escolarización obligatoria para los tres años de la ESO y el primer curso de Bachillerato o de FP. Para el PSOE todo ello se traduce en que "en la práctica se reducirá un año la formación básica". Para Wert es justo al contrario, porque el paso obligado al Bachillerato o a la FP será un acicate para muchos jóvenes a la hora de proseguir su formación. Además, el ministro aseguró que la escolarización obligatoria "seguirá fijada en los 16 años".
Además, el Gobierno ha dado la puntilla a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, como ya había dejado entrever el PP. El ministro de Educación anunció su sustitución por otra asignatura que versará sobre Educación Cívica y Constitucional. La nueva materia estará lista para el curso que viene y con la intención de que el nuevo temario esté "libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico".
Los cambios anunciados en el Congreso no han gustado a ninguna de las principales asociaciones de padres que, por motivos bien distintos, mostraron su disconformidad con las reformas educativas.
Las reacciones llegaron desde numerosos ámbitos. La Conferencia Episcopal calificó la supresión de Ciudadanía de "buena noticia", pero la Confederación de Padres cree que se produce "para contentar a determinados sectores religiosos". El presidente de esta asociación, Jesús María Sánchez, defendió que la asignatura sirve para difundir unos conocimientos que "protegen los derechos humanos de los niños" porque "la escuela no solo está para enseñar conocimiento, sino que también debe "impartir educación y valores básicos de convivencia para todo el alumnado". Por su parte desde la Confederación Católica de APA, Luis Carbonell, calificó el discurso del ministro de "inteligente y valiente" porque "se ha atrevido a decir que la reforma educativa no es cuestión de recursos económicos, sino de tomar medidas que permitan una mejor formación del profesorado, una autonomía de los centros y la especialización curricular". Sin embargo, Carbonell se mostró "decepcionado" porque esperaba la supresión total de la asignatura Educación para la Ciudadanía en favor de materias más importantes como Lengua o Matemáticas.
El jefe del departamento jurídico y portavoz de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, Luis Centeno, valoró que se modifique Educación para la Ciudadanía "tanto en su nombre como en su contenido". En cuanto a la ampliación del número de años de Bachillerato, lamentó que se haga "a costa de recortar la enseñanza Secundaria" porque ello va a generar "un problema de estructura que se puede solventar con una reconfiguración adecuada de la Educación Secundaria Obligatoria pero dentro de los cuatro años obligatorios" existentes.
Reacciones en Galicia
Expertos gallegos valoran que las declaraciones del ministro han dejado la puerta abierta a los conciertos en la formación posterior a la ESO. Desde la Confederación Gallega de APA de Galicia (Congapa), el presidente Jorge Javier Vilariño, explica que la medida de ampliar un año el Bachillerato en Galicia supondrá "un año más de pago" para los padres que escolaricen a sus hijos en colegios concertados. Frente a otras comunidades, como Madrid o La Rioja, Galicia no tiene conciertos educativos en Bachillerato. "No nos parece mal la ampliación, el problema es que habrá quien se marche un año antes del centro elegido", asegura.
También sostiene que la eliminación de Educación para la Ciudadanía era una "demanda" del colectivo que ahora está "incompleta". "Solicitábamos que desapareciese para ganar peso en otras asignaturas, así que su sustitución con otro nombre no satisface totalmente", explica.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Pedagogos de Galicia, José Manuel Suárez, cree que la reforma favorecerá a los centros concertados. Para este pedagogo gallego el cambio de la asignatura Educación para la Ciudadanía es un disparate y aboga por una educación "realista" para el estudiante.
