"Todos los recursos son pocos". Para mantener los servicios de dependencia es preciso arañar dinero de todas partes. La secretaria xeral de Políticas Sociais de la Xunta, Coro Piñeiro, justifica, pese a las constantes críticas de la oposición, que ceder la gestión de residencias y centros de día a la iniciativa privada supone un ahorro de hasta el 30% para las arcas públicas. Además defiende el nuevo decreto que regula la cartera de servicios sociales y el copago porque permite incrementar en más de un 3% los ingresos de la Xunta. La previsión es que esta norma se apruebe en abril.
-Los nuevos criterios para fijar el copago, ¿supondrán un incremento en la cantidad de dinero que tienen que aportar los dependientes?
-Vamos a recaudar más, pero lo haremos de una manera más distributiva que ahora, más progresiva, porque realmente va a pagar más el que está en unas rentas medias o altas y con patrimonio. Por eso entendemos que es de justicia porque va a haber gente que va a pagar menos porque no tiene tanto patrimonio. Es un sistema más equilibrado y más justo con el resultado adicional de que en el cómputo global aumentaremos los ingresos.
-¿En cuánto se incrementará la recaudación?
-El cálculo es difícil porque no disponemos en estos momentos de información sobre el patrimonio de los dependientes que estamos atendiendo, pero sin contar este patrimonio creemos que el volumen de recaudación podría incrementarse entre un 1 y un 3%. Todos los recursos son pocos ahora, no solo para mantener los servicios que lo estamos consiguiendo, sino también para incrementarlos.
-Benestar está privatizando la gestión de residencias y centros de día. ¿Supone realmente un ahorro para las arcas públicas?
-Sí, fundamentalmente en costes de personal. Cuando son trabajadores públicos tienen un convenio colectivo que regula unos derechos a los descansos por tiempo trabajado y festivos que nos obligan a tener una plantilla mayor y eso dispara el gasto. Si la gestión lo lleva una empresa privada, se rigen por el convenio del sector y no se necesita tanto personal para cubrir la asistencia 24 horas, los 365 días.
-¿Cuál es la diferencia de costes entre una residencia pública y otra de gestión privada?
-La diferencia es importante. Entre un 20 y un 30% menos si la gestión es privada.
-La ministra de Sanidad ha anunciado que propondrá a las autonomías financiar la dependencia en función de los servicios que presten, atendiendo así una vieja demanda de la Xunta. ¿Tienen algún cálculo sobre cuánto podría mejorar Galicia su financiación de esta manera?
-Ahora se financiaba a las comunidades en función de los dependientes que tenían atendidos y de su grado de dependencia. Eso era muy injusto porque nosotros, por ejemplo, estamos tres puntos por encima de la media nacional en la prestación de atención residencial que es un recurso más caro que un cuidador, por ejemplo. El Estado financia con 273 euros cada dependiente de grado III, pero una plaza en una residencia a nosotros nos cuesta entre 1.500 y 2.000 euros. Si ahora el Ministerio nos financia por el tipo de servicio que prestamos, yo así equilibro mis cuentas y puedo atender a los que tengo pendientes.
-En marzo el Gobierno presentará sus presupuestos que incluirán nuevos recortes. ¿Prevé que se pueda ver afectada la financiación de la dependencia?
-Espero que no. En todo caso podrán establecerse medidas, digamos más restrictivas, para el acceso. Es decir, que tengamos que priorizar más a la gente a la que tenemos que dar servicio. Necesitamos unos criterios más claros de ordenación. Ahora el criterio es atender a los más graves pero si hay muchos y quieres atenderlos a todos tendrás también que fijar un tipo de recursos que sea más económico.
-La ministra quiere cambiar el sistema de baremos para valorar a los pacientes. ¿Es muy lenta la tramitación de las ayudas?
-Creo que no. Es evidente que si tenemos un baremo difícil de aplicar se tarda más. Pero, en todo caso, no es en la valoración donde se pierde tiempo sino en la fase en la que tienes que asignarle un recurso al usuario porque ahí sí que estamos limitados a nuestras capacidades presupuestarias.
-La Xunta reguló por decreto un plazo máximo de seis meses desde que se solicita la ayuda hasta que se dicta una propuesta para atender al dependiente. ¿Se cumple?
-Hay tres meses de plazo para la valoración y eso Galicia ya hace tiempo que lo ha conseguido. En cuanto a los otros tres meses para la resolución estamos ya muy cerquita. Lo que ocurre es que, en esa fase, se tiene muy en cuenta lo que solicita la persona. Si demandan una atención residencial, ahí hicimos un gran esfuerzo en la creación de 2.000 plazas nuevas y tenemos disponibilidad para prestar ese servicio. Pero cuando plantean una ayuda de cuidador no estamos dentro del plazo de seis meses porque no lo consideramos el recurso idóneo o porque no hay disponibilidad presupuestaria.
-¿Cómo se puede agilizar?
-Los cambios del ministerio van en esa dirección. Que haya un equilibrio, que para un grado se ofrezca siempre un servicio concreto y que no haya tanta posibilidad de elección por parte del usuario.
