X. A. T. | SANTIAGO En un año en que no habrá oposiciones debido a la orden del Gobierno central para congelar la plantilla de funcionarios y el gasto de personal, el Consorcio Galego de Servizos Sociais e Benestar pretende iniciar el proceso para asignar 338 plazas en una oferta pública de empleo. No se trata de una decisión contraria a las restricciones impuestas por Madrid para contener el gasto público, sino de ejecutar unas oposiciones para la que hay permiso, puesto que fueron autorizadas en el año 2008, pero que no se pudieron sacar adelante porque las bases de la convocatoria fueron anuladas.

El gerente del Consorcio de Benestar, Roberto Rodríguez, así se lo trasladó ayer a los sindicatos en una reunión para abordar el futuro del ente y su integración en la Axencia Galega de Servizos Sociais. La ejecución de estas oposiciones, para las que no hay fechas concretas, puesto que aún se deben confeccionar las bases, se realizará en dos fases. Se comenzará por las escuelas infantiles, con 178 plazas en juego (45 de profesor, 106 de educadores y 27 de personal de servicios generales), y las diez plazas de técnicos de los servicios centrales del Consorcio. En una segunda fase se convocarán las 65 plazas de personal no técnico de centros de atención de personas mayores y las 85 de técnicos.

Aunque estas plazas se ofertan para el Consorcio, posteriormente pasarán a integrarse en la Axencia Galega de Servizos Sociais. Pero el proceso cuenta al menos con la oposición del sindicato nacionalista CIG, que entiende que en ningún momento quedan garantizados los puestos de trabajo del personal del Consorcio una vez finalizada la integración. La central también reprocha que se anuncien unas oposiciones "sin tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores ya pasaron un proceso selectivo".

Al mismo tiempo que se celebraba la reunión en el Consorcio, los miembros de los comités de empresa de Traballo e Benestar de las cuatro provincias gallegas se concentraban ayer en Santiago para protestar por la política de "recortes" que, en su opinión, está llevando a cabo la Xunta y que conllevará la desaparición de plazas de empleados en los centros sociales hasta convertirlos en "meros aparcamientos de niños, mayores y personas discapacitadas" por la falta de servicios que van a sufrir.

Así lo aseguró el presidente del comité de empresa de la provincia de A Coruña, Xan Carlos Ansia, quien sostuvo que "todo el sistema de bienestar que hay en Galicia en este momento está en peligro por culpa de la política del Partido Popular". "Todas las prestaciones de psicólogos, fisioterapeutas u otros servicios que se están dando en estos centros van a desaparecer porque la Xunta los quiere convertir simplemente en aparcamientos de niños, mayores y discapacitados", señaló.