Los inmigrantes irregulares sin recursos que ya disponían de tarjeta sanitaria seguirán contando con las mismas prestaciones asistenciales que hasta ahora, al menos en la comunidad gallega, aunque tendrán que acreditar que carecen de recursos y dispondrán de seis meses para hacerlo a partir de la primera consulta que realicen desde hoy. Pese a que los sin papeles se quedarán desde hoy sin tarjeta sanitaria, si llevan 183 días empadronados en Galicia -un requisito que ya se exigía- y realizan los trámites de los que se les informará en los centros de salud, podrán acogerse a lo que la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, denominó Programa galego de protección social da saúde pública, donde se les facilitará "la asistencia que necesiten según su situación clínica" y que permite, resaltó, el cumplimiento de la normativa estatal que entra hoy en vigor.

"Hoy tienen una situación, mañana la misma, y la semana que viene también", aseguró la conselleira, quien quiso evitar que cundiese la preocupación en el seno de este colectivo.

La conselleira de Sanidade indicó que los sin papeles que utilizan la asistencia sanitaria en Galicia, que la Xunta cifra en unos 9.000, dispondrán de seis meses a partir del primer contacto con su centro de salud -según la instrucción remitida ayer por Sanidade a los ambulatorios- para empadronarse, regularizar su situación y poder recibir asistencia sanitaria ordinaria y gratuita. Eso sí, solo en Galicia.

En esa primera toma de contacto se les facilitará información para que "regularicen su situación". Si en medio año no lo han hecho, se les facturará la asistencia a no ser en los supuestos en los que queda garantizada la atención en todo el Estado -menores de 18 años, embarazos y emergencias médicas- y en los casos de tratamiento de enfermedades transmisibles.

No obstante, el programa establece un matiz: está pensado para ciudadanos sin recursos, por lo que tendrán que demostrar que sus ingresos son inferiores a 532 euros al mes. De lo contrario, la asistencia les será facturada. El procedimiento incluye, como novedad, que también tendrán que acreditar que carecen de ingresos en su país de origen, según el secretario xeral técnico de Sanidade, Antonio Fernández-Campa. Precisamente el portavoz del Foro Galego da Inmigración, Miguel Fernández, pedía ayer que la documentación que se le demande a este colectivo sea "sencilla".

Mosquera insistió en que "ningún residente en Galicia quedará sin asistencia sanitaria". Se trata, aseguró, de "diferenciar" supuestos de fraude o turismo sanitario o pacientes con un tercero obligado al pago de aquellos colectivos sin recursos que no dispongan de otra vía de acceso al sistema, es decir, que no sean asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social ni puedan suscribir un convenio especial. En todo caso, avisó que "si no se regularizan por ninguna de las vías que tenemos encima de la mesa, se les cobrará" la atención médica.

ONG como Médicos del Mundo reconocieron que la solución gallega "como parche, es muy aceptable" tras una reunión con Sanidade. No obstante, al igual que al Foro Galego da Inmigración, les inquieta "que haya personas que se queden sin el derecho a la salud en el territorio nacional".

Por otra parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, advirtió ayer de que las comunidades que no cumplan su objetivo de déficit deben "atenerse al paquete básico" del Sistema Nacional de Salud (SNS). De esta manera, el popular advierte a las regiones que, como Cataluña, confirmaron que van a seguir atendiendo a inmigrantes irregulares como hasta ahora a pesar de haber solicitado el rescate del Gobierno. En unas declaraciones efectuadas en la Cadena COPE, González Pons manifestó que la comunidad que quiera ofertar algo más a sus ciudadanos "tiene la posibilidad de ello", pero insiste en que siempre que "cumpla el objetivo de déficit y tenga sus cuentas arregladas con Europa, con España y con el resto de las comunidades".