El profesor de Religión acusado de ocho delitos de abusos sexuales continuados a menores en los colegios ourensanos de Sobradelo y Rubiá, Agustín O.G., todavía no ha recibido el escrito de la Fiscalía Provincial en el que se le pide una condena de 19 años de prisión por presunta pederastia. Una pena "excesiva", según su abogado, "propia de un asesino". José Luis González Blesa critica la situación de "indefensión" en la que se encuentra el docente, que todavía no conoce formalmente los hechos por los que se le acusa y que tendrá que probar su inocencia luchando contra una "prueba diabólica" que es el testimonio de ocho niños cuya veracidad "no ha sido contrastada". El profesor acusado cree que los alumnos podrían haberle señalado como un pederasta inducidos por otros menores o sus padres, malinterpretando gestos de cariño y afecto.

El escrito de defensa se fundamentará en la carencia de la prueba de veracidad que fue solicitada en dos ocasiones por el letrado, primero en el Juzgado de O Barco y después en la Audiencia, pero que en ambos casos fue denegada. "Alegan que someter a los niños a otras exploraciones psicológicas puede ser negativo para ellos por lo que ya han sufrido, pero nosotros entendemos que es una prueba fundamental que, en casos que afectan a menores, se hace siempre", afirma González Blesa.

El profesor niega con rotundidad los hechos a pesar de que las declaraciones de los cuatro menores de Rubiá coinciden en la mecánica que supuestamente seguía el docente con las ofrecidas por otros cuatro alumnos del colegio de Sobradelo, en Carballeda. "A veces los niños pueden fantasear o sentirse inducidos por el entorno", señala el letrado, "pero nosotros diremos que la presunción de inocencia es un derecho que está por encima de cualquier otra circunstancia". Por ello, la defensa del profesor acusado de ocho casos de abusos reclamará la prueba de veracidad para que "sea el fiscal el que demuestre la culpabilidad de Agustín y no éste quien tenga que probar su inocencia".

También aportará como prueba un informe psicológico sobre la personalidad de su cliente que concluye que el profesor no sufre ningún tipo de alteración del comportamiento y que no encaja de ninguna manera en el perfil de un pedófilo. González Blesa sostiene que este tipo de conductas delictivas "buscan lugares oscuros y ocultos", mientras que el profesor manifestaba las conductas supuestamente ilícitas en plena clase.

La defensa del acusado destaca que en cinco de los ocho casos investigados se descartaron los tocamientos lascivos y que en los otros tres se reconoce que "en alguna ocasión" el acusado les tocaba el pene.

El docente acusado insiste en su inocencia y dice tener la conciencia "muy tranquila". Apunta, siempre según la versión trasladada por su abogado, que su único delito es "ser una persona bastante cariñosa con los alumnos", especialmente preocupado por las familias desestructuradas y con pocos recursos. Agustín O.G. admite que a veces "se pasaba de cariñoso", pero nunca con intenciones lascivas. "Se han sacado las cosas de tiesto", afirma el abogado, "y es posible que si ese comportamiento procediese de una profesora no se hubiese llegado a este extremo". El letrado tampoco acepta que se reclamen indemnizaciones de 2.000 a 4.000 euros para cada uno de los menores por daños "sin un soporte psicológico que los acredite".

El conocimiento público de estos hechos ha generado también corrientes de apoyo al docente, tanto de exalumnos, como de profesores y padres. El delegado de Enseñanza del Obispado de Astorga, Máximo Álvarez, cree que el profesor debería reclamar una compensación económica por la suspensión de empleo y sueldo en caso de ser absuelto. Además, desde al este Obispado se lamentaba esta misma semana que "ya se haya condenado al docente antes de que exista una sentencia". Tras la primeras denuncias, la Xunta retiró de su puesto al profesor con el objetivo de "proteger a los niños".