La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se personó ayer en el Tribunal Supremo como paso preceptivo para poder plantear un recurso de casación contra las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulan parte de dos artículos del decreto del plurilingüismo.
El departamento autonómico se personó el último día de plazo, asegura, "por si se producía alguna respuesta dialogante y constructiva acerca de la propuesta que en su día hizo el presidente de la Xunta", en sede parlamentaria, quien ofreció aparcar las diferencias en base a lo que dictan las sentencias.
"La Consellería no puede admitir las imposiciones que algunos partidos o colectivos pretenden, porque serían contrarias a lo expresado por la mayoría del pueblo gallego en las urnas, y contrarias a las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que no derogó, como pretendían los recurrentes, el decreto del plurilingüismo".
Esta "pretensión derogatoria", prosigue Educación en un comunicado, fue esgrimida por algún partido "como única respuesta a la mano tendida del presidente de negociar" sobre los fallos emitidos.
El Tribunal Supremo dispone de un máximo de 30 días para comunicar a la Xunta un plazo para presentar formalmente el recurso de casación, presentación que, insiste Educación, "no impediría su retirada" si los recurrentes y la oposición "aceptasen la mencionada propuesta" de Feijóo.
El Tribunal Superior emitió ocho sentencias sobre el decreto del plurilingüismo. En seis de ellas invalidaba el carácter vinculante de la encuesta a los padres de alumnos de Educación Infantil al asegurar que la lengua en la que deben recibir las clases estos estudiantes debe decidirla la Administración y no las familias. Además, el tribunal autonómico tampoco avala, tal y como permite el decreto del gallego, que los alumnos elijan libremente el idioma en el que se expresan y escriben en un asignatura con independencia de la lengua en la que se imparta esa materia.
En las otras dos sentencias, el Superior de Galicia desestimaba los recursos de tres asociaciones: Galicia Bilingüe, Mesa por la Libertad Lingüística y la Asociación Gallega por la Libertad.
El decreto del gallego continúa suscitando polémica. El pasado domingo, miles de personas se manifestaron en Santiago para exigir su derogación, en una marcha convocada por Queremos Galego.
