José Antonio Montero, abogado de la Iglesia compostelana, pide en nombre de su cliente 31 años de cárcel para el autor confeso del robo del Códice Calixtino, Manuel Fernández Castiñeiras, aunque el juicio, que iba a celebrarse antes de fin de año, aún tendrá que esperar, augura, dada la cantidad de recursos pendientes, a los que se suma la recusación del juez por parte de la defensa del exelectricista.

-La Iglesia pide 31 años para el ladrón confeso del Códice, el doble que el fiscal. ¿Por qué?

-Es una diferencia puramente cuantitativa. Los delitos por los que acusa el fiscal y la Iglesia son los mismos, pero nosotros entendemos que no hay un delito contra la intimidad sino seis, por las muchas comunicaciones y cartas personales sustraídas; que se aprecia continuidad en el delito de blanqueo y se aplica la agravante muy cualificada de abuso de confianza.

-Llama la atención que la Iglesia pida más años que el fiscal ...

-En los años que llevo como abogado de la Catedral y del Arzobispado si algo ha caracterizado mi relación con ellos es el respeto al trabajo y la plena libertad que siempre me han dado para el enfoque jurídico de los temas, y desde esa libertad es desde la que se han calificado los hechos y se han pedido las penas. Tenemos que distinguir el mensaje de la Iglesia como tal del hecho de que como persona jurídica reconocida desde la Constitución actúa en España de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico español y con todas sus particularidades se le aplica la ley e insta la aplicación de la misma.

-¿Qué delito pesa más a la hora de realizar ese cómputo?

-Pesan todos, pero especialmente el robo del Códice y la documentación que fue sustrayendo de la Catedral, alguna incluso original, como avales y contratos.

-El mayor agravante, dice, es que hubo abuso de confianza. ¿Justifica eso que no se constatase en el entorno de la basílica un supuesto robo continuado?

-En principio no desconfías de las personas afectas a la Catedral, ya porque han trabajado en la misma o porque son conocidas de los canónigos, y han estado allí durante muchos años.

-El fiscal pide la reposición a la basílica de unos 2,3 millones de euros que presuntamente el exelectricista habría sustraído desde 2000. ¿Ese es el dinero recuperado? ¿Cuál será su destino?

-Lo que se pide excede en casi un millón de euros de la cantidad que se incautó al acusado. Pedimos por lo que resulta del desfase de caja, que era donde ahora se sabe que se sustraía el dinero, de la contabilidad de la Catedral, que por otra parte coincide con el patrimonio adquirido por el exelectricista, unos dos millones y medio de euros. No hay que olvidar que el acusado estos años ha venido adquiriendo varios pisos y fincas pagados en mano y al contado, y de ahí también la acusación por blanqueo. En orden al destino del dinero, no me corresponde a mí decidirlo, pero seguramente servirá para ayudar en la conservación de la Catedral compostelana y para sufragar todos las medidas adoptadas tras estos hechos para salvaguardar y proteger su patrimonio. En estos momentos hay una importantísima intervención con la restauración de las torres.

-En relación a la intimidad, ¿qué pesa en la decisión? ¿El robo de cartas o que Fernández Castiñeiras presentase un escrito sobre supuestas relaciones y robos en el entorno religioso?

-Sin duda la sustracción de cartas y documentos privados de los canónigos, que confiaban en él. Lo otro no es objeto de este procedimiento penal.

-Aquel escrito del exelectricista, dijo usted, solo perseguía desviar la atención del procedimiento...

-La clave está en el intento de los acusados, no tanto de venganza, como de desviar la atención sobre los hechos objeto del procedimiento, que es el robo del Códice, del dinero y de la documentación económica, jurídica e incluso personal de los canónigos, hechos acreditados en la instrucción y en los que se basa la pena que se les pide.

-La letrada de Castiñeiras recusó al juez. ¿Dilatará el proceso?

-La presentación de sucesivos recursos, recusaciones y nulidades conlleva retrasar la celebración del juicio. Sinceramente consideramos que no hay causa legal de recusación pero le corresponde a la Audiencia el determinarlo. El juicio, dada la cantidad de recursos pendientes -unos cien, de la defensa-, no creo que se celebre antes de julio del año que viene, tres años después del robo del Códice.

-¿No sería mejor para la Iglesia solventar el asunto al margen de una vista pública en la que podrían airearse trapos sucios?

-No, como todo acusado tiene derecho a no contestar e incluso a no decir la verdad, y esa es una garantía que hay que respetar: otra cosa es que ello le autorice a calumniar y difamar a terceras personas, lo que no puede hacer, y que entiendo que no se le dejará hacer por la Audiencia en el acto del juicio, y que si lo hace habrá de soportar sus consecuencias.

-De él se sospechaba, indicó. ¿Por qué no se denunció?

-En la Catedral se actuó cuando se tuvieron pruebas, y sobre todo se colaboró con Policía y Juzgado de forma callada para no entorpecer la investigación. Lo que menos quiere la Catedral es acusar sin tener la certeza, porque es preferible no acusar a un culpable que denunciar a un inocente, máxime hoy en día, con la difusión de los medios, en donde a veces hay una condena social aún cuando después no la haya judicial.

-¿Qué le parece el libro del juez sobre el Códice?

-Ojalá fuese crítico literario, pero sí puedo decir que como se dice habitualmente la realidad supera con mucho a la ficción, y si el libro es bueno, lo que resulta de los autos del procedimiento es jurídicamente interesantísimo. De todas formas, lo importante no es que el juez hubiese escrito un libro sobre el Códice Calixtino, sino que gracias a su labor, a la de los funcionarios de su Juzgado y la de la Policía se pudo recuperar el Códice, una verdadera joya bibliográfica aún hoy desconocida, a pesar de lo que se ha hablado de él.