Tras la negativa de hasta cuatro comunidades del PP -la última ha sido Castilla-La Mancha, presidida por la número dos de los populares, María Dolores de Cospedal- a repercutir el copago de fármacos hospitalarios en los pacientes y después del varapalo del Consejo de Estado cuestionando que se obligue a los usuarios del transporte sanitario no urgente a asumir parte del coste de las ambulancias, el Ministerio de Sanidad ha renunciado a aplicar los nuevos copagos que tenía en previsión pero que aún no habían entrado en vigor. De esta manera, se da marcha atrás en la decisión de exigir aportaciones económicas para costear la prestación ortoprotésica, el transporte sanitario no urgente y los productos de dietoterapia.
Se mantiene, sin embargo, el copago en medicamentos, en vigor desde julio de 2012, y no se renuncia tampoco al copago a pacientes con enfermedades graves y crónicas cuyos fármacos se dispensan en los hospitales. De hecho, las comunidades deben empezar a aplicarlo a lo largo de este mes de enero. Autonomías como Galicia, a diferencia de Castilla-La Mancha, sí repercutirá el cobro en el usuario, pero todavía no lo ha puesto en marcha. En cualquier caso, el Ministerio no renuncia a esta medida y alega "razones de equidad" para seguir adelante con su implantación.
Sin embargo, estos no eran los únicos copagos que el Ministerio de Sanidad tenía en agenda. El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario recogía también copagos en el transporte sanitario de carácter no urgente, en los productos ortoprotésicos, como muletas o sillas de rueda, y en los productos alimenticios de prescripción médica para enfermos con problemas metabólicos.
Pero tras la reunión del pleno del Consejo Asesor de Sanidad la ministra Ana Mato anunció por sorpresa que no pedirá "nuevos esfuerzos a los ciudadanos". La titular de Sanidad apeló a la mejora de la situación económica para justificar su decisión. "Los esfuerzos hechos por los ciudadanos están dando sus frutos y ahora las administraciones tienen que seguir poniendo en marcha medidas de eficiencia".
Horas antes la numero dos del ministerio y exconselleira de Sanidade, Pilar Farjas, advertía que estaban estudiando los proyectos normativos que tenían sobre la mesa y pendientes de aprobar "para adecuarlos a la sostenibilidad".
Al margen de las razones de índole económica, la marcha atrás del ministerio coincide con la impopularidad y el rechazo que ha provocado la implantación del copago de fármacos hospitalarios. Hasta diez comunidades autónomas se niegan a implantar esta medida y la rebelión ha llegado incluso a las filas del PP. Entre las comunidades gobernadas por los populares, Baleares y Castilla y León mostraron su oposición, mientras que Extremadura le cobra el copago a los pacientes pero luego le devuelve el dinero. Hasta Cospedal, secretaria general del PP, ha optado por no trasladar este coste a los ciudadanos y que sea la Junta quien asuma el gasto.
El dictamen del Consejo de Estado, que preside el popular y exministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, contrario al proyecto de cobrar a los usuarios por el servicio de las ambulancias también ha sido determinante en la decisión del Ministerio de Sanidad de renunciar a nuevos copagos. Este órgano cuestionaba en su informe el ahorro que supondría cobrar a los usuarios por el servicio del transporte sanitario no urgente. Según su tesis, "los ingresos que puede suponer la aportación de los pacientes pueden verse compensados por los costes de la gestión de su cobro".
Éste es uno de los tres copagos que ahora se quedarán en el cajón. El Ministerio de Sanidad preveía ingresar 26 millones de euros reclamando a los enfermos crónicos que necesitan transporte para acudir a rehabilitación o diálisis aportaciones de entre 10 y 60 euros mensuales en función de su renta. En el caso de las prótesis también se retira el copago previsto que contemplaba que los usuarios pagaran entre 20 y 40 euros por muletas o sillas de ruedas. Los mismo ocurrirá con los productos de dietoterapia por los que ya no se requerirá un desembolso extra al usuario. Sanidad había establecido una aportación del 10 por ciento con un tope máximo de 1 euro por unidad para la mayoría de estos alimentos.
