AGE denunció ayer la inclusión de requisitos para cobrar la renta de integración de Galicia (Risga), una ayuda de unos 400 euros para personas con escasos recursos, "no ejercer la mendicidad ni la prostitución, ni inducir o inducir a la práctica de cualquiera de ellas a ningún miembro de la unidad de convivencia", como reza en las notificaciones enviadas a los beneficiarios. El diputado de este grupo Juan Fajardo denunció que estas obligaciones son "propias del siglo pasado" y lamentó que la administración someta a un control mucho mayor" a este colectivo que "a cualquier cargo público y político".

La Consellería de Traballo e Benestar alega que esas prácticas vulneran la ley. "En ningún caso se puede entregar una prestación social financiada con fondos públicos a personas implicadas en actividades ilegales y contrarias a toda la normativa vigente, sobre todo en casos como las "mafias" organizadas que se relacionan con la mendicidad y/o prostitución", alegan desde este departamento. Añaden que "tolerar" esas prácticas fomentaría "acciones contrarias a la dignidad y derechos de las personas".

Además, fuentes del departamento de Beatriz Mato recuerdan que esos requisitos estaban incluidos en la anterior ley de inclusión de 1991. No lo están en la última aprobada precisamente en enero.

Contratos "precarios"

Por otro lado, Fajardo denunció también la "precariedad" de los contratos en concellos a perceptores de la Risga que la Xunta ha autorizado. Fajardo cree que "institucionalizan la opresión y explotación" de los perceptores de la Risga porque "en ningún lado se dice" cuáles son los empleos que pueden facilitar su inclusión social, y "la mayoría de los ayuntamientos" los usan "para explotarlos en brigadas de limpieza municipal".

"[Los ayuntamientos] Contratan a perceptores de la Risga en las mismas condiciones que otro trabajador del concello", indican, por su parte, las fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar.