Galicia cuenta con un total de 2.957 casos de violencia de género activos, es decir, de los que las fuerzas de seguridad realizan un seguimiento, y 917 maltratadas reciben algún tipo de protección policial. Pero las medidas para garantizar la seguridad de la víctimas varía en función del riesgo que se estima corre cada mujer. Trece víctimas de malos tratos de la comunidad gallega están en riesgo "alto o extremo" de sufrir un nuevo episodio de maltrato, según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, correspondientes a 30 de junio de 2014. Una cifra que sitúa a Galicia entre las comunidades con más mujeres en los niveles más altos de riesgo, solo superada por Andalucía (23) y Comunidad Valenciana (15) e igualada con Madrid, según la estadística del Gobierno que no incluye los datos de Cataluña y País Vasco.
A Coruña aglutina más de la mitad de los casos de maltratadas en riesgo "alto" (cinco) y "extremo" (dos), seguida de Pontevedra, donde el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género sigue a cuatro víctimas con riesgo elevado y Lugo y Ourense con otro caso similar cada una. El perfil es dispar: aunque la mayoría de las maltratadas en situación de mayor riesgo tienen entre 31 y 45 años (en ocho de los trece casos), hay otras cuatro con edades entre los 46 y los 64 y una que no supera los treinta. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, la mayoría son españolas (diez casos), frente a tres extranjeras, según los datos de Interior.
A las maltratadas con mayor nivel de riesgo de agresión de sus parejas hay que sumar los casos en los que la policía aprecia un nivel "medio": 198 en toda Galicia, la mayoría en Pontevedra (82) y A Coruña (67). En total, más de 200 mujeres que viven a diario con un riesgo entre medio y extremo de volver a ser agredidas. Una cifra que supone sólo un 7% del total de casos de violencia de género activos en la comunidad gallega ya que la mayoría se engloban en la categoría de riesgo "no apreciable" (2.040 casos) o "bajo" (706).
El Gobierno establece un protocolo para valorar el riesgo de una maltratada. El policía que lleve el caso debe realizar lo que se conoce como Valoración Policial del Riesgo, un formulario que debe rellenar con la información sobre el caso y que le indica automáticamente el nivel de riesgo de la víctima. La valoración debe actualizarse periódicamente, más frecuentemente cuanto mayor sea el riesgo establecido de inicio.
A nivel estatal, hasta finales de junio se habían establecido medidas especiales para 120 mujeres maltratadas que se encontraban en riesgo "alto" y otras ocho cuyo riesgo es "extremo". Andalucía es con diferencia la que registra más casos (27), pero en el otro lado de la balanza se sitúan Aragón (sólo un caso registrado de este tipo), Asturias, Baleares, Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha, todas con cuatro.
Las medidas para garantizar la seguridad de estas maltratadas son dispares. Por una parte están las órdenes de protección -que muchas veces conllevan una orden de alejamiento para impedir que el agresor se acerque a la víctima-. Sólo en el primer trimestre del año se adoptaron 214 órdenes de este tipo en la comunidad gallega y se denegaron 83.
Pero la tecnología también se alía con las maltratadas para velar por su seguridad. Un total de 473 gallegas (la mitad en A Coruña: 296) están dadas de alta en el Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género (Atenpro). Se trata de un sistema que combina la comunicación móvil y la telelocalización y que permite que la víctima alerte ante cualquier emergencia de forma sencilla y durante las 24 horas los 365 días del año. A ello se suman los sistemas telemáticos de seguimiento de los agresores (las conocidas como pulseras) que todavía son una minoría. En el conjunto del país sólo 680 maltratadores llevan este dispositivo que indica en todo momento donde se encuentran, que alarma a la central si se acerca a la víctima y que cuenta con un sistema de seguridad que impide a quien lo lleva quitárselo. De ellos, sólo veinte están en la comunidad gallega, siete en A Coruña. Andalucía y Madrid son con diferencia las autonomías con más agresores controlados mediante este sistema: 176 y 157, respectivamente. En el lado contrario, La Rioja, con sólo un usuario.
