El pasado día 9, la Guardia Civil puso a disposición de la Fiscalía de Menores de la Audiencia de Ourense a un niño de 13 de años de Verín por propinar una fuerte paliza a su madre, de 37 años, que la llevó a ser ingresada y operada de urgencia por las graves heridas que presentaba. Aunque no con tanta violencia, todos los años se producen en Galicia más de 200 agresiones en el ámbito familiar con la consideración de delito por parte de menores de edad. Y la respuesta judicial, con las medidas recogidas en el ordenamiento actual, no resulta adecuada las más de las veces. En su informe correspondiente al año 2013 y que todavía no se ha presentado públicamente, la Fiscalía de Galicia advierte que las medidas en los casos de violencia doméstica protagonizada por menores "se revelan particularmente ineficaces" cuando no logran la reeducación, que no es otra cosa que conseguir una "pacífica convivencia familiar".

La Fiscalía constata, en esta línea, que la reincidencia "suele ser elevada" en la violencia familiar ejercida por menores y que además falla en la comunidad autónoma otra de las vías establecidas en el ordenamiento jurídico para corregir el comportamiento de estos adolescentes agresivos, la llamada "medida de convivencia" en familias de acogida. Esta modalidad, distinta de internamiento, "carece de aplicación práctica" en Galicia "al no haber casas o grupos educativos exclusivamente destinados a este fin", se recoge en la memoria. Por ello, reclama la creación por parte de la Administración de una red de pisos tutelados o de carácter asistencial. A ello se suma, según la Memoria de la Fiscalía, la falta de unidades específicas para el tratamiento de los menores violentos que padecen trastornos de conducta.

Los datos oficiales revelan que el pasado año se registraron en la comunidad 235 delitos de violencia familiar cometidos por menores, un 6%, en todo caso, inferior los contabilizados el año anterior, durante todo 2012.

La Fiscalía detecta más deficiencias en la aplicación de medidas correctoras destinadas a menores. Como la ineficacia del internamiento, en régimen abierto y semiabierto, para menores reincidentes por infracciones contra la propiedad sin que concurran en ellas violencia o intimidación. "Muchos de estos menores no se reintegran a los centros de cumplimiento, lo que genera una situación de impunidad y de no eficacia del sistema, porque ante dichas fugas puede agravarse su situación personal al no concurrir la referida violencia o intimidación en la infracción", se plasma en la memoria de la Fiscalía de Galicia.

Pero aún hay más reproches, como la falta de plazas en los centros de menores de Galicia, lo que se traduce que desde se produce una sentencia en firme hasta que al menos infractor se le asigne un centro "transcurre una medida de unos seis o nueve meses".

Según los datos de la memoria, el pasado año se registraron 3.211 delitos cometidos por menores y 636 faltas. En total fueron 3.847 infracciones. Por provincias, las cifra más elevada corresponde a Pontevedra, con 1.820 infracciones, mientras que en A Coruña se contabilizaron 1.322. En Ourense y Lugo rondaron las 400. Por ellos fueron juzgados 857 menores, a los que a 723 se le impuso alguna medida correctora.

Por otra parte, los delitos económicos son, por lo general, muy difíciles de investigar por la complejidad que entraña identificar y perseguir determinados flujos financieros. Testaferros, empresas ficticias, ausencia de contratos u ocultación en paraísos financieros tejen una madeja de la que no siempre es fácil tirar. Por eso, en una investigación tan especializada se recurre a peritos expertos, pero no siempre están a mano. Y eso, según la memoria de 2013, constituye un factor de riesgo para el fracaso de las pesquisas cuando se requiere a personal con una gran dominio de la actividad financiera o bancaria.