La Confederación de Empresarios de Galicia defendió ayer que no se opone a que se valore el empleo de la lengua gallega como baremo para acceder a las subvenciones autonómicas destinadas a la realización de cursos de formación para desempleados, sino que lo que critica es que dicha valoración se centre "exclusivamente" en el uso por parte de los docentes del gallego a la hora de impartir las clases.

Así lo señaló ayer un representante de la patronal a este diario después de que trascendiese que los empresarios sugirieron, en un dictamen del Consello Galego de Relacións Laborais, suprimir el requisito de las ayudas que establece que los profesores tienen que usar el gallego en la clase si la entidad que opta a la convocatoria quiere obtener 5 puntos del total de 80.

Fuentes de la patronal consideran que el impartir las aulas en gallego debería dejarse "a la libre elección, en atención a los destinatarios de la acción", de modo que a la hora de valorar el uso del gallego, de cara a la obtención de esos cinco puntos, las entidades puedan cubrir ese requisito con otras medidas alternativas, como el uso de "materiales formativos" en gallego o incluso, señalan, "la posibilidad de usar el gallego en el expediente de tramitación de la ayuda". Dichas fuentes señalan que el profesor puede no conocer el gallego, porque puede tratarse de un "docente muy especializado que viene de fuera" para impartir un curso técnico, y que el control sobre ese aspecto por parte de la entidad formativa es limitado. La CEG recuerda que Lei de Subvencións, que fija el gallego como criterio, utiliza "un concepto más amplio", y asegura que la suya es "una petición puramente técnica" en esa línea, para "flexibilizar" y "abrir el abanico" de cara a la aplicación del baremo, pero no de "que se elimine del criterio de valoración" el gallego. En todo caso, la Xunta se pronunciaba anteayer sobre el asunto y aseguraba que el gallego es una lengua oficial en Galicia y que los aspirantes a un concurso público deben conocerla. El BNG y A Mesa, por su parte, demandaron a los empresarios "corregir" su actitud por su petición.

Galicia Bilingüe se pronunciaba ayer también en el conflicto en un comunicado en el que critica cómo las ayudas públicas están "condicionadas al uso de una sola de nuestras lenguas oficiales, de forma injusta y discriminatoria". La asociación alega que "en numerosos casos, sin el compromiso explícito de usar el gallego, no puede optarse a la ayuda pública o puntúa más que la idoneidad o la competencia profesional". Por todo ello, pide la "eliminación" de lo que tacha de "arancel lingüístico" de la Lei de Subvencións, que fija el gallego como un requisito baremable a la hora de acceder a una ayuda de carácter autonómico.