La crisis abierta en la Comisión Galega de Bioética, con la renuncia de siete miembros hace más de una semana tras negarse Sanidade a publicar un informe sobre desigualdades en la asistencia sanitaria, se saldó ayer con un acuerdo entre la Xunta y los integrantes del comité para "revisar" su futuro y "dotarla de mayor independencia". En la reunión que ayer mantuvo la conselleira Rocío Mosquera con asesores del comité, a la que también fueron convocados los dimisionarios, para analizar su funcionamiento y "posibles mejoras", se acordó también dar luz verde a la publicación del informe que inició toda la polémica y que, según el Sergas, que hasta ahora se resistió a divulgarlo, alude a las medidas que aprobó el Gobierno central en 2012 para elevar el copago de fármacos y anular las tarjetas sanitarias a los inmigrantes irregulares empadronados.

Un "comunicado conjunto" firmado por Sanidade y los miembros de la Comisión -a los que Mosquera agradeció su trabajo- subraya que se acordó la "conveniencia" de difundir el texto, aunque el hasta este momento presidente del órgano, Félix Rubial, director xeral de Asistencia Sanitaria, explicó a este diario que el documento se realizó a "dos escalas", y una de ellas se dirigía solo a "cuadros directivos" del Servizo Galego de Saúde de cara a la toma de decisiones.

No obstante, Rubial también indicó que la Xunta estaba abierta a la reflexión para introducir cambios y actualizar el órgano. En esa línea, y con el "objetivo común de mejora" de la comisión, dotándola de "mayor independencia" -una de las demandas del sector crítico-, ayer se acordó que Sanidade elaborará una propuesta de nueva orden que "replantee" la actual concepción del órgano asesor, lo que implica "revisar su funcionamiento y su composición", como los dimisionarios reclamaban.

En la cita -que se alargó tres horas y media- hubo "pleno acuerdo" en que la meta de la comisión "debe seguir siendo velar por la protección de los derechos fundamentales" -objetivo que algunos integrantes creían que no se podía "cumplir" tal y como operaba el organismo- y "proponer debates en la sociedad mediante la difusión de documentos". De ahí, señalan, el decidir publicar el informe. Tras conocerse las dimisiones se abrió un debate en el que la oposición pidió el cese de Mosquera y en el que terció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien evitó al principio darle su apoyo explícito y que incluso la urgió a explicar el contenido del informe.