La Real Academia Galega (RAG) presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Supremo de desestimar su recurso contra el decreto del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria. Considera la RAG que la norma, que supuso la introducción del inglés junto a las dos cooficiales, "vulnera" el derecho a la igualdad de los gallegohablantes.
El pleno del organismo anunció ayer a través de un comunicado que ha decidido presentar este recurso contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la legalidad del citado decreto 79/2010. Consta en el documento enviado por la RAG que el decreto "que dice desarrollar la Lei de Normalización Lingüística (LNLG), en realidad está en abierta contradicción con esta, obviando el concepto de normalización y anunciando en el preámbulo un cambio del marco legal, pese a que se trata únicamente de una norma para desarrollarlo". Añade la RAG que "lo más grave" es que dicho decreto "perpetúa la situación de inferioridad de la lengua gallega, ahondando en los prejuicios contra la misma, al excluir taxativamente su uso en las materias de contenido científico".
La RAG insiste en su planteamiento para plantear el recurso de amparo ante el Constitucional en los derechos de los gallegohablantes, que considera "vulnerados por el citado decreto".
Este decreto, que introduce la regulación de la enseñanza en un tercer idioma, el inglés, fue una de las medidas puestas en marcha por la Xunta la pasada legislatura y recibió muchas críticas, tanto de la oposición como de instituciones culturales y sociales, entre ellas, la RAG, que recurrieron a los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia avaló la legalidad del decreto y se pronunció en contra de dichos recursos, doctrina a la que se sumó recientemente el Tribunal Supremo. El recurso de amparo que presenta ahora la Academia se fundamenta en el argumento de que la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos consagran "el derecho fundamental a la igualdad y a no sufrir discriminación por cualquier circunstancia personal".
La Carta Magna española señala que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respecto y protección".
Patrimonio cultural
El Estatuto gallego establece que los poderes públicos "garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento".
También cita a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, suscrita por España, así como el Título III de la Ley de Normalización Lingüística, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece que ambas lenguas oficiales deben tener una presencia suficiente para garantizar el objetivo de la igualdad.
Consideran que el citado derecho a la igualdad se refiere a un carácter "material", que obliga a los poderes públicos a promoverla removiendo obstáculos que se interpongan para alcanzarla y que se debe materializar en acciones positivas de promoción a personas o colectivos "históricamente marginados".
