Las dificultades económicas y burocráticas que suponen contratar a cuidadores de ancianos o niños y el hecho de que suelan ser familiares o conocidos los que asumen esta tarea hace que más de un millón de las personas que realizan este trabajo formen parte de la economía sumergida española.

Así se desprende del informe de The Family Watch, "El valor del cuidado en el hogar: reflexiones sobre la necesidad de conciliación entre trabajo y familia y la atención a la infancia", presentado hoy con motivo del Día Mundial de los Padres y de las Madres.

El trabajo alerta de las graves consecuencias de la falta de políticas que favorezcan la "verdadera conciliación trabajo-familia" y la corresponsabilidad de los progenitores y que hacen imposible que se mejoren las "preocupantes" cifras de natalidad en España, tal y como ha explicado la directora general de The Family Watch, María José Olesti.

Así, destaca cómo el acceso de la mujer al mercado laboral y los horarios de trabajo obligan a las familias a recurrir, cada vez con más frecuencia, a terceras personas para el cuidado de los niños y de las personas mayores.

Sin embargo, tal y como ha subrayado la directora académica del proyecto e investigadora de la Universidad Internacional de Catalunya, Remei Agulles, una gran parte de las personas que se contratan para estas tareas "no están dentro de la economía formal".

En este sentido, el presidente de la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP), Javier Benavente, ha denunciado que en España hay más de un millón de personas que trabajan en la economía sumergida porque las familias no pueden asumir los costes económicos de sus contratos.

"La clave está en que esa disponibilidad de servicios sea accesible a las familias", ha insistido Benavente, que ha reclamado que los precios que suponen la contratación legal de trabajadores para el cuidado de los niños y ancianos sean similares a los costes de la "economía informal".

Para ello, ha propuesto promover la figura del auto-emprendedor, que no tenga que tributar como autónomo hasta que no facture una cantidad determinada.

También ha sugerido otro tipo de medidas encaminadas a que el coste de contratar legalmente a un cuidador no sea mayor que hacerlo dentro de la economía sumergida, tales como una cotización a la seguridad social "muy baja", que el IVA de la factura a las familias sea de cero, y desgravaciones fiscales y del IRPF para las familias que contraten.

Benavente ha advertido de que si no se toman medidas de este tipo, "es muy difícil que las familias puedan atender correctamente a los hijos y en igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer".

Sobre los peligros de la falta de una correcta atención a los menores ha advertido Sonsoles Vidal, abogada y miembro de la Red Virtual de Expertos en Violencia contra la Infancia impulsado por el Ministerio de Justicia.

Esta experta ha recalcado la importancia que tiene que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos como mejor medida para evitar la violencia juvenil que, en muchas ocasiones, "es fruto de pasar demasiadas horas solos en casa ya que sus padres no pueden conciliar".

"Existe la figura de la niñera tecnológica", ha lamentado Vidal. Se trata de familias en las que los niños, desde que se levantan hasta que se acuestan no ven a uno de los progenitores y, en su lugar, tienen una niñera tecnológica -internet- que "ni les corrige ni les dice qué pueden hacer y qué no".

Por su parte, Cristina Junquera, responsable del Área de Advocacy y Gestión del Conocimiento de UNICEF España, ha reivindicado un Pacto de Estado por la Infancia que blinde los derechos de los niños y que garantice políticas eficaces y sostenibles en el tiempo.