El Ministerio de Educación pactará las reválidas previstas a final de Primaria, Secundaria y Bachillerato con las comunidades, flexibilizando sus planes iniciales, pero mantendrá el calendario previsto en la nueva ley, que fija exámenes el nuevo curso en Primaria y en el 2016-2017 para la ESO y Bachillerato.
Este fue el acuerdo que salió de la Conferencia Sectorial celebrada ayer en Madrid. "Creo que las evaluaciones están bien planteadas, pero quiero escuchar a los demás y a la comunidad docente", afirmó el ministro Íñigo Méndez de Vigo.
La decisión del Gobierno central se produce en un contexto político diferente al existente cuando se gestó la Ley Orgánica de Mejora Educativa (Lomce), con el PP con mayoría absoluta en las Cortes y gobernando la mayoría de las comunidades. Después del 24-M, el contrapeso autonómico alcanza los doce ejecutivos, a los que el ministro respondió con una oferta de "flexibilidad" en la aplicación de la norma que "no supone ningún retraso".
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, celebró esta decisión, que reclamó precisamente antes del inicio de una cumbre que se prolongó cuatro horas. "Se va a facilitar la autonomía de las comunidades en la reválida de Primaria", defendió en declaraciones a este diario.
La nueva normativa prevé, entre otras novedades, la imposición de pruebas externas en sexto de Primaria en 2016 -afecta, por ejemplo, a las lenguas cooficiales- y las reválidas en Secundaria y Bachillerato un curso después. Se trata de exámenes tipo test que pesará hasta un 40% en la nota del alumno y que, en el último caso, sustituye a la selectividad como referencia para acceder a la universidad.
El Gobierno ultimaba actualmente la configuración de estas pruebas en un único real decreto. A partir de ahora, se dividirá en dos. Por un lado, se abordarán las pruebas inmediatas, las de Primaria. Por otro, las restantes. Todo ello en el foro de un grupo de trabajo que comenzará a reunirse en octubre, por lo que abre mayor espacio al diálogo con las comunidades, con tiempo para pactar "más adelante", según el ministro, las reválidas que se aplicarán en el curso 2017.
Antes de la reunión, las doce comunidades que no gobierna el PP -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha Extremadura, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco- reclamaron la paralización del calendario de aplicación de la Lomce y su suspensión, un objetivo que el ministerio ya había dejado claro que era innegociable, pese a su oferta de flexibilidad. "La realidad es que el calendario forma parte de la ley y, si se aplicó el año pasado, se aplica éste. Cuando se defiende el Estado de Derecho se defiende en la totalidad y no por partes", respondió el ministro en respuesta a la petición de la docena de autonomías de frenar la ley Wert.
"Era impensable e irresponsable no cumplir una ley orgánica que incluye un calendario. Muchos reconocieron la necesidad de cumplirla, lo que fue un pequeño avance", comentó Román Rodríguez, que también celebró la confirmación de que se ofrecerá a las comunidades la posibilidad de cubrir el 100% de las jubilaciones en el ámbito educativo, cuando el año pasado el porcentaje fue del 50%.
A pesar de las críticas, la reunión fue saludada como una "buena noticia" por parte de la Generalitat de Cataluña, que consideraba la elaboración de las reválidas "una losa".
Subvenciones
Durante la conferencia, también se abordó el reparto de los fondos el próximo año para libros de texto y material curricular. Galicia recibirá 1,6 millones de euros, si bien la Xunta mostró al ministerio la necesidad de variar los criterios de reparto en los próximos años. También reclamó un compromiso para apoyar a las comunidades para garantizar la implantación de la Formación Profesional Básica, por ejemplo, con partidas para la reforma de instalaciones.
