Los inmigrantes irregulares perdieron el derecho a disponer de tarjeta sanitaria por un decreto estatal en 2012. Desde entonces, algunas comunidades, como Andalucía o Asturias, se rebelaron y siguieron prestando atención médica al colectivo al margen de la normativa del Ejecutivo central. Tras las últimas elecciones autonómicas, otras comunidades, la última de ellas Madrid, amenazaron con devolver esta prestación...
Siga leyendo la noticia en Orbyt, o suscríbase a La Opinión de A Coruña y tenga acceso completo a todas nuestras noticias sin límites.
