Impartir estudios universitarios en la comunidad autónoma sin autorización administrativa es considerado una infracción muy grave por la Lei del Sistema Universitario de Galicia y podrá ser sancionado con hasta 300.000 euros. Pero esto no solo atañe a los centros privados, si una universidad pública pone en funcionamiento un centro sin haber obtenido previamente el permiso de Educación también se considera una irregularidad "muy grave", de la misma manera que si una vez obtenida la autorización se incumple la normativa que regula la impartición de estas enseñanzas universitarias.
También se penaliza con hasta 300.000 euros la publicidad engañosa con respecto a la oferta de estudios universitarios o el incumplimiento por parte de centros académicos extranjeros que se implantan en la comunidad gallega de la normativa en materia de educación universitaria de la autonomía.
La sanción podría incluso superar los 300.000 euros en casos excepcionales en los que esta cuantía resultara inferior al beneficio obtenido por el centro infractor. En este caso, se podrá elevar la multa hasta el límite de la ganancia que se ha logrado. En estos casos, además de la multa se puede ordenar el cierre total o parcial de las instalaciones, así como la inhabilitación de centro para realizar actividades similares en la comunidad gallega.
Cuando el inspector detecte una irregularidad en un centro abrirá un procedimiento instructor que deberá resolverse en el plazo máximo de seis meses, según establece el nuevo decreto.
