El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de las víctimas de la talidomida y les ha negado la indemnización que reclamaron a la farmacéutica Grünenthal Pharma, que comercializó este medicamento para embarazadas, y que causó malformaciones a miles de niños hace casi sesenta años. En una sentencia que votó por ocho a uno la Sala de lo Civil, reunida en pleno ayer por la mañana, el Supremo ratificó la decisión de la Audiencia de Madrid, que anuló el año pasado las indemnizaciones para los afectados por la talidomida decretadas por un juzgado de Madrid.
Las víctimas reclamaron 204 millones de euros por las malformaciones causadas a numerosos recién nacidos por este medicamento indicado para las náuseas de las embarazadas. Pero la sentencia de la Audiencia Provincial consideró prescrita la acción de los perjudicados, quienes acudieron al Supremo, cuya Sala de lo Civil confirmó aquel fallo y consideró también prescrita la cuestión a pesar de que el fiscal era favorable al recurso de las víctimas.
Los afectados recibieron el fallo como un "mazazo" que no esperaban, más aún cuando el fiscal respaldaba su petición, pero aseguraron que seguirán "luchando hasta el final" e irán al Tribunal Constitucional y al de Estrasburgo, según avanzó el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, José Riquelme.
En la sentencia de la Audiencia se argumentaba la prescripción en que ha transcurrido con creces, incluso en la hipótesis más favorable a los afectados, el plazo previsto por la ley civil para el ejercicio de su acción. El Supremo confirma ese criterio en su fallo de ayer, que contará con el voto particular contrario del magistrado Francisco Arroyo.
El Alto Tribunal considera que el plazo de un año que según la ley existe para la reclamación de las víctimas no podía tomar como punto de partida el decreto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dictó en 2010 reconociendo los perjuicios causados por el medicamento. Aquel decreto, considera el Tribunal Supremo, concedió ayudas a los afectados por razones de solidaridad, pero no puede ser tenido en cuenta para calcular el plazo de prescripción. Debieron demandar a la empresa farmacéutica en un momento muy anterior, dice el tribunal.
El fallo deja abierta la posibilidad de nuevas reclamaciones civiles fundadas en la aparición de daños no conocidos hasta ahora y respecto a los cuales, por tanto, no haya transcurrido el plazo de prescripción.
La decisión se tomó en contra del criterio del fiscal, quien consideraba que no solo debería contarse el inicio de la prescripción desde el real decreto de 2010, sino incluso desde 2012, cuando la farmacéutica pidió perdón y reconoció su culpa, pero sin indemnizar por su conducta, lo que al Ministerio público le parece "un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad". "Este gravísimo atentado contra la salud de la humanidad, derecho recogido en la mayoría de las convenciones internacionales, no ha prescrito", exponía el fiscal José María Paz en un escrito en el que añadía que "el reconocimiento de su culpa por la fabricante alemana en 2012 es un hecho decisivo".
Una vez conocido el fallo, la farmacéutica eludió pronunciarse sobre el mismo, pero reiteró que las víctimas de la talidomina ya cuentan con medios "satisfactoriamente establecidos" para beneficiarse de ayudas económicas a través de la Fundación Contergan, creada para ello.
Grünenthal comercializó en 1957 un fármaco contra las náuseas y mareos de las embarazadas que se vendió en más de cincuenta países de todo el mundo, con más de ochenta nombres comerciales. En España se comercializó hasta 1962 y, en determinados lugares hasta 1965, según afirman los afectados.
En 1961 se descubrió que la talidomida era causante de malformaciones como nacer sin brazos o sin piernas. Según Avite, más de 20.000 recién nacidos en todo el mundo, 3.000 de ellos en España, sufrieron las consecuencias del medicamento.
En Alemania, las víctimas consiguieron acuerdos indemnizatorios con la farmacéutica, pero en España no se logró este objetivo a pesar de que ambas partes mantuvieron reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid.
El Gobierno reconoció oficialmente la existencia de afectados en 2010, cuando aprobó un real decreto de ayudas para una veintena de perjudicados.
En 2011, Avite demandó a Grünenthal y argumentó que la farmacéutica siguió vendiendo la talidomida en España después de su retirada en Alemania.
En agosto de 2012, la farmacéutica pidió perdón a los afectados y en noviembre de 2013 el juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenó a Grünenthal a pagar a cada uno de los afectados 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía que les hubiera reconocido la Administración, sentencia que fue revocada por la Audiencia de Madrid y ahora, de forma definitiva, por el Supremo.
