La presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Emilia Irimia, aseguró ayer que la ley de muerte digna de Galicia avala la reclamación de los padres y niega que retirarle la alimentación artificial pueda considerarse eutanasia. "Si se cumpliese esta ley no estaríamos hablando del caso de Andrea", sostuvo Irimia, para quien prolongar la vida de una persona con una enfermedad irreversible en situación terminal es un "encarnizamiento terapéutico" porque supone un "sufrimiento añadido". "La persona tiene derecho a decidir que no quiere seguir soportando dolor, en este caso los padres, pero a la hora de decidir sobre la muerte, los médicos tienen cuotas de poder, lo que significa que hay que dar más pasos para que no sea así", argumentó.