Un día después de que los padres de Andrea, una enferma neurodegenerativa irreversible de 12 años, clamasen por el fin de "su sufrimiento"padres Andrea y amenazasen con emprender acciones legales para lograr que sea desconectada del soporte de alimentación por el que se nutre, la gerencia sanitaria de Santiago da un paso más y deja el futuro de la pequeña en la decisión de un juez. Volverán al juzgado, a pesar de que un comité de ética asistencial ya resolvió a favor de la demanda de los padres por unanimidad de los 27 miembros -según la Asociación Derecho a morir dignamente-. El informe del comité fue solicitado por el departamento de Pediatría del CHUS, solo a nivel consultivo.
"Nos hemos dirigido de nuevo al Juzgado para ver si, de acuerdo con la situación clínica actual mantienen el posicionamiento dictado en un auto judicial del mes de julio, en el que se autorizó el plan terapéutico y paliativo de la paciente", aseguró el gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Luis Verde. Facilitarán al juzgado tanto la historia clínica como el informe del comité de bioética para que "ayude a tomar la mejor decisión posible" para Andrea, según sus propias palabras. Es decir, quieren que la Justicia conozca "la nueva situación" para que "vuelva a orientar" las actuaciones médicas. Ante esta situación, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, dijo que el Ministerio Fiscal "intervendrá, como siempre, en defensa de la legalidad". El caso de Andrea Andrea ha reabierto el debate sobre el derecho a una muerte digna o a la eutanasia.
La niña se encuentra en una situación de limitación del esfuerzo terapéutico desde antes del verano -según fuentes hospitalarias-, lo que implica "no adoptar ninguna medida proactiva para evitar que un órgano fracase en caso de que la niña sufriera una enfermedad aguda o un fallo cardiaco".
Los padres de la afectada, Estela Ordóñez y Antonio Lago, de Noia (A Coruña) y que tienen otros dos hijos, se manifestaron en los siguientes términos: "Es la decisión más dura que hemos tomado, pero no podemos permitir que se le alargue la vida a cualquier precio porque ella está sufriendo. Después de doce años luchando se merece una muerte dignamuerte digna. Hoy tenemos que ser valientes; después ya vendrán la tristeza y el dolor. Y su sufrimiento duele más que la despedida".
Andrea nació hace 12 años con una enfermedad neurodegenerativa grave y su estado empeoró en junio, cuando sufrió una hemorragia gastrointestinal que la llevó al hospital. Sus padres piden para ella una muerte digna y, si bien los médicos aseguran que no será reanimada ni tratada si surge alguna enfermedad aguda, también indican que su vida en este momento no depende de ningún soporte mecánico para mantener sus funciones. Su única dependencia, añaden, es porque no traga alimentación, por lo que recibe directamente en el estómago líquidos y nutrientes mediante gastrostomía, que es la técnica "menos agresiva".
El gerente del CHUS asegura que, ante la petición de los padres de la pequeña, y "de cara a salvaguardar los derechos de la menor", ha vuelto a poner en conocimiento del juzgado la situación actual de Andrea. "Seguiremos actuando conforme a lo que marca la legislación y la buena práctica clínica", ha afirmado Luis Verde, quien ha defendido que el servicio de Pediatría actúa "en la línea que marcan los principios de la buena práctica clínica y de la ética asistencial" y ha negado que en este caso exista una obstinación terapéutica.
Galicia es una de las pocas comunidades que cuenta con una ley autonómica de "muerte digna", aprobada el 26 de junio, como Ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales. La Asociación Derecho a morir dignamente en Galicia pide que se conozca el artículo 18.4 de la citada ley ya que "es la petición de unos padres siguiendo la ley que piden la retirada del tratamiento y sedación; un caso de muerte digna".
