Más de un tercio de las órdenes de protección que las víctimas de violencia de género solicitan a los juzgados contra sus maltratadores son denegadas en Galicia, un porcentaje situado en la media estatal y una medida que supone una protección "integral" para la víctima, que logra ayudas de asistencia socioeconómica, así como una orden de alejamiento de su agresor, disfrute de la vivienda compartida o la custodia de los hijos, entre otras.

Esta es una de las principales conclusiones del balance de la primera década de aplicación de la ley de protección integral contra esta lacra aprobada en 2004 por el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero, que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo matiza en su informe que en el caso de que una mujer -más del 97% de enjuiciados por esta causa son hombres- no logre una orden de protección, ello "no significa necesariamente" que esta haya quedado "desprotegida", pues se pueden establecer medidas de alejamiento, pero sin que la víctima logre el estatuto de protección completo.

Durante ese período, en Galicia se incoaron 13.876 peticiones de órdenes de protección, de las que se adoptaron 9.260 y se rechazaron 4.564. El porcentaje del 66,7% se sitúa ligeramente por debajo del 67,4% de aceptación estatal y lejos de los dos polos que ofrecen las estadísticas: el 85,9% de Murcia y el 52,6% de Cataluña.

El propio CGPJ destaca en su informe la tendencia descendente en la adopción de estas órdenes, que pasó del 79,5% en toda España en 2005 al 65,8% en 2011, a finales del cual llegó a Moncloa el PP. En la primera mitad de este año, el porcentaje se ha situado en el 56,4%. No ofrece datos por comunidades de esta evolución por ejercicios.

Desde la entrada en vigor de la ley de protección de las víctimas de este tipo de violencia, la concienciación social sobre este problema ha aumentado y precisamente hoy se celebran varias concentraciones con motivo del Día contra la Violencia de Género, pero el número de denuncias se ha mantenido estable al menos desde 2007 a la actualidad. Según los datos del Poder Judicial, en el primer trimestre del presente curso se presentaron 2.607 denuncias judiciales por estos casos, lo que arroja una media de 14,2 al día durante un ejercicio en el que ya se han alcanzado las seis mujeres asesinadas a manos de sus parejas.

Esa media de denuncias resulta la misma del año pasado, cuando se alcanzaron las 5.209, o la de 2007, con 5.181. El pico más alto de denuncias se produjo en 2009, con 6.068. Mientras tanto, en España el año pasado se cerró con 126.742, cifra casi igual a las 126.293 de 2007. El punto álgido se registró también en 2009, con 135.540.

Durante la primera década de vigencia de la ley de protección integral contra la violencia de género, el 67% de sentencias dictadas en la comunidad gallega sobre estos casos derivó en una condena. Se trata de 7.394 fallos de este signo frente a los 3.637 absolutorios, de acuerdo con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que muestran una gran diferencia entre comunidades.

La media estatal de condenas roza el 52%, pero con apenas un 44% en Cataluña y Madrid frente al 79,7% registrado en Extremadura.

Entre los denunciados, el porcentaje de españoles casi alcanza el 85% en la comunidad durante este período, por encima de la media del 67%, lógico teniendo en cuenta que Galicia cuenta con una comunidad foránea menor que la de otros territorios. Anualmente, el porcentaje de nacionales denunciados se ha ido incrementando desde 2008, cuando alcanzó el 64,2%, a la actualidad (71,8%).

Esa menor presencia de extranjeros provoca también que en Galicia el 86% de las denuncias presentadas corresponda a mujeres nacidas en España, diez puntos más que hace dos años. A nivel estatal, el porcentaje alcanza el 69%.