Los juzgados gallegos condenaron en el tercer trimestre del año al 75,8% de los enjuiciados por diferentes causas de violencia contra la mujer, según refleja la estadística hecha pública ayer por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género. De las 211 personas enjuiciadas en este periodo, 160 fueron condenadas y 51 resultaron absueltas. De los condenados, 147 eran ciudadanos españoles y trece de origen extranjero. La única mujer enjuiciada en el tercer trimestre fue absuelta.

Durante este periodo se recibieron en los juzgados gallegos 1.500 asuntos relacionados con esta cuestión de forma directa y 245 derivados de otros órganos. En total, 1.654 asuntos fueron resueltos y permanecen pendientes 2.065. Seis casos fueron reabiertos.

En total, se juzgaron 1.466 delitos penales, de los que la mayor parte -1.229- fueron por lesiones, mientras que 117 fueron contra la libertad, 27 por quebrantamiento de penas, 24 por quebrantamiento de medidas de protección, dos contra la libertad sexual y dos homicidios. Asimismo, se enjuiciaron 74 faltas o delitos leves, de los que 41 fueron por injurias, 19 por vejaciones y 14 por otro tipo de faltas.

Esta estadística revela que en el tercer trimestre del año se recibieron 1.349 denuncias por violencia sobre la mujer, de las que 114 fueron presentadas directamente por la víctima en los juzgados y 931 por ella a través de atestados policiales. Los agentes recogieron también 21 denuncias de familiares y 50 derivadas de intervenciones policiales. En 204 casos hubo partes de lesiones remitidos al juzgado y 79 víctimas se acogieron a su derecho a no declarar como testigos.

En datos globales, el observatorio apunta una tasa de 4,9 denuncias por cada 10.000 habitantes en Galicia y de 9,5 denuncias por cada 10.000 mujeres.

En cuanto a las medidas de protección, el tercer trimestre del año se incoaron en Galicia 447 órdenes de protección o medidas cautelares, de las que los juzgados aceptaron 264. En concreto, se incoaron 349 órdenes de protección a instancias de la víctima, de las que 209 fueron adoptadas. Asimismo, el Ministerio Fiscal solicitó 84 órdenes de protección, de las que 41 fueron adoptadas, y se acordaron 14 medidas de oficio. No hubo ninguna solicitada por terceras personas.