El director xeral de Asistencia Sanitaria, Ramón Ares, defendió ayer que la Consellería de Sanidade ha colaborado con la Fiscalía "con todos los datos que pidió" y que va a "seguir" haciéndolo, en relación a la investigación del ministerio fiscal que aprecia "indicios de delito" y presunta responsabilidad penal de las autoridades sanitarias por negarse a facilitar el tratamiento a cuatro pacientes de hepatitis C,tres de los cuales acabaron falleciendo. Ares defendió el funcionamiento "muy bueno" y "absolutamente riguroso" de la comisión que evaluaba qué enfermos de hepatitis C recibían los fármacos antes de la aprobación del plan estratégico por el Ministerio de Sanidad.
Así se pronunció sobre la denuncia que la Fiscalía presentó ante el juzgado número 3 de Santiago tras recibir en marzo la alerta del colectivo Batas Blancas que vinculaba la muerte de varios pacientes con hepatitis C que cumplían los requisitos para el tratamiento con un nuevo medicamento a las "trabas burocráticas" impuestas por el Sergas para acceder a la medicación. La Fiscalía inició una investigación y practicó diligencias hasta que el 29 de diciembre decidió formular una denuncia por este caso. Ahora las partes esperan que el juzgado analice la documentación y decida si la admite a trámite e inicia el proceso o la archiva.
Ares dijo tener "claro" que "el funcionamiento de la comisión fue absolutamente riguroso". "Funcionó desde nuestro punto de vista perfectamente, lo cual permitió que antes de tener el plan estratégico todos aquellos pacientes graves que necesitaban tratamiento, lo tuvieron". Así, subrayó que "en total más de 1.200 pacientes fueron tratados antes de la existencia del plan estratégico que aprobó el Ministerio" de Sanidad. "Con medicamentos nuevos", añadió, "muchas veces los tratamientos aprobados antes de que estuvieran comercializados en España".
"Siempre que las características clínicas del paciente eran las adecuadas y se ajustaban a los criterios clínicos que estaban establecidos, la comisión autorizó los tratamientos", enfatizó, para reivindicar "un funcionamiento absolutamente ético" de la comisión, donde "el único criterio que determinaba la definición de las actuaciones era el clínico". Según las cifras que aportó y que recoge Europa Press, "en más del 99 por ciento de los tratamientos solicitados en esa comisión fueron autorizados y administrados posteriormente en función de las características de los pacientes y de la logística de las compañías farmacéuticas a la hora de suministrar los tratamientos".
"Con lo cual", proclamó Ares, "el funcionamiento de la comisión fue muy bueno y permitió que tratásemos un número muy importante de pacientes antes de la existencia del plan estratégico". "Todo aquel paciente que por sus características lo necesitaba, se le dio", dijo.
Ares señaló que la Consellería de Sanidade colaboró con la Fiscalía "con todos los datos que pidió en cuanto al funcionamiento de la comisión evaluadora de ese tratamiento, que estuvo funcionando durante un período en el inicio de todos esos tratamientos y cuando estaban empezando la comercialización, muchos de ellos todavía ni siquiera estaban comercializados en España". "Vamos a seguir colaborando estrictamente con el poder judicial y con toda la información que nos demande", añadió. En todo caso, apuntó que lo que Sanidade no puede es "hacer ninguna valoración más, cuando no conoce esa denuncia".
