El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, afirmó ayer que el decreto del plurilingüismo aprobado por la Xunta está "muerto", después de que el informe del comité de expertos del Consejo de Europa revelase que entra en contradicción con la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. Dicho informe se refiere a la reducción del peso de la lengua gallega en las aulas hasta un máximo de un tercio del horario lectivo, lo que contrasta con el compromiso de elevarla hasta ser el idioma "predominante" en el sistema educativo.

"La comunidad internacional no entiende cómo se puede firmar un tratado y después incumplirlo impunemente y exaltarse de hacerlo", lamentó el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística. Para Marcos Maceira, este informe de los expertos y las recomendaciones del Consejo de Europa evidencian que "el decreto contra el gallego no tiene ningún apoyo ni dentro ni fuera de Galicia", por eso pidió ponerse "cuanto antes" a trabajar en uno nuevo y "derogar" los artículos del actual que no respeten la legislación internacional.

A Mesa pola Normalización Lingüística se dirigirá a todos los ayuntamientos de Galicia para que aprueben mociones instando a la Xunta a cumplir con la Carta Europa "en todos los ámbitos de su competencia" y que exija al gobierno central la aplicación "efectiva" de la Carta. Maceira adelantó que las mociones que se aprueben serán presentadas en la sede del Consejo Europeo, en Estrasburgo, y recordó que en Galicia no hay "ninguna" institución que esté a favor del decreto de la lengua aprobado para la enseñanza.

El informe emitido por el Consejo de Europa en el que este organismo mostraba su preocupación por el efecto negativo de la reducción gradual del gallego en la enseñanza ya fue considerado por la Real Academia Galega (RAG) como un espaldarazo a su posición contra el decreto del plurilingüismo de la Xunta. A juicio de la Academia, ese informe constata que el Gobierno gallego incurre en un flagrante incumplimiento de la Carta en España, tal como denunció en su día la RAG en los recursos que presentó ante el Tribunal Supremo y ante el Constitucional.