La patronal del juego tradicional experimenta una estabilización en su situación, pero se mantiene con respiración asistida, según su propio diagnóstico. Por ello, la Asociación Gallega de Operadores de Juego (AGEO) reclama a la Xunta la rebaja fiscal prometida y se muestra "muy molesta" con que esta no apareciese contemplada en la ley de presupuestos para 2016. "El sector está tocado", advierte Serafín Portas, máximo representante del colectivo.
El sector del juego tradicional cuenta con las máquinas tragaperras -tipo B- como máximo representante, tanto de imagen como de impacto de la crisis. Las licencias para instalar estas terminales en la comunidad están congeladas alrededor de las 13.000, pero Portas matiza que solo unas 9.800 se encuentran operativas en estos momentos. El resto fueron retiradas ante la falta de beneficios del sector. "Estamos en mínimos históricos", apunta Portas, quien reconoce "una pequeña mejora en la hostelería", mientras el sector "en salones de juego y bingos sigue desplomándose".
Por ello, AGEO reclama menos presión fiscal. Según sus cálculos, cada máquina cuenta con una presión de entre 3.800 y 4.000 euros anuales, contando licencia, IVA y demás. A la Xunta le reclaman una reducción de alrededor de 600 euros, demanda que plasmaron en sus conversaciones con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. "Seguimos confiando en su palabra, pero el sector está molesto", añade el responsable de AGEO.
Portas también se refiere a la decisión de la Xunta de ampliar el número de licencias máximas de máquinas de apuestas deportivas, un nuevo sector que ha supuesto una competencia nueva a las tragaperras tradicionales, además del auge del juego online. El Ejecutivo preveía un máximo de 2.000 terminales en locales de hostelería, pero la demanda de algunos de los seis operadores con licencia para explotar este sector propició que el límite vaya a situarse en 3.600, lo que supone un 80% más respecto a hace casi tres años, cuando se abrió la vía a este negocio, según consta en el borrador de anteproyecto legal que permitirá esta ampliación. Y ello, a pesar de que en la actualidad todavía no se ha agotado ese cupo legal, sino que los dispositivos instalados superan ligeramente los 1.800.
Portas cree que cualquier ampliación debería contar con "un estudio pormenorizado" acerca de la demanda real y la implantación de estas máquinas para evitar una burbuja. "La demanda no es real. Algunas licenzatarias tienen máquinas instaladas que dan pérdidas para no perder autorizaciones", explica en alusión a la norma legal de la Xunta, que obliga a abrir negocios específicos de apuesta deportivas y a agotar las licencias concedidas antes de lograr nuevas.
A pesar de ello, descarta que pretendan ponerle coto a este nuevo sector, que considera "complementario" del juego de carácter más tradicional, a pesar de que las máquinas de apuestas ya desplazan a algunas tragaperras en muchos locales de hostelería. "Solo pretendemos no desnaturalizar ni canibalizar el sector", señala.
