El Ministerio de Educación establece dos cursos de transición a la Lomce -2015-2016 y 2016-207- para los alumnos de ESO y Bachillerato que tengan suspensas asignaturas conforme a la ley anterior (LOE). En una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo solventa la situación de los estudiantes que se encuentran entre las dos normativas con materias suspensas.

De este modo, "excepcionalmente", durante los dos cursos indicados, aunque el primero de ellos está a punto de finalizar (2015-2016), los alumnos de estas dos etapas podrán examinarse de las materias no superadas conforme al currículo cursado, con arreglo a lo dispuesto en las comunidades.

Por otra parte, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se comprometió ayer a no hacer públicos los resultados de la evaluación final de sexto Primaria de la Lomce para evitar así que se hagan rankings de centros, como alertan quienes se oponen a la realización de esta prueba prevista para el próximo mes de mayo. "Yo me comprometo a que no se hagan públicos los resultados de las evaluaciones, si ése es el problema", afirmó el titular de Educación durante una entrevista en La Noche de TVE.

Pese a estos cambios, la Lomce sigue siendo una ley polémica que divide a la comunidad educativa. A ninguna organización representativa de padres, profesores o estudiantes le gusta la ley, pero difieren en la forma de hacerle frente. La Plataforma Estatal por la Defesa de la Escuela Pública exige suspender "de forma inmediata" el calendario de ley, como primer paso para su derogación. En Galicia, la Plataforma en Defensa do Ensino Público llevará el caso al Valedor do Pobo.

Sin embargo, organizaciones también críticas con la reforma educativa del PP, ven prioritario que antes se alcance un pacto educativo que siente las bases para una nueva ley que dé al sistema de enseñanza una mayor estabilidad. Para el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández, es una "irresponsabilidad absoluta" lo aprobado el martes en el Congreso porque genera "más caos e incertidumbre" en el sistema educativo, cuyas "víctimas" son los alumnos, profesores y padres.