El Gobierno gallego defendió ayer en bloque la política seguida para atender a los enfermos de hepatitis C, argumentando que el tratamiento se dispensó únicamente según criterios clínicos y éticos al margen de toda consideración de carácter económico. En esta línea, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó de "disparate" relacionar los recortes presupuestarios con la demora en la dispensación de los fármacos a los enfermos de hepatitis C. Es la propia Fiscalía la que sostiene que el retraso en los tratamientos es injustificado y que obedeció a razones de tipo presupuestario del Sergas y no de contenido médico o clínico.

"Me parece un disparate poder relacionar una cosa con la otra", declaró el presidente en Madrid en un foro organizado por el diario El Mundo. En su intervención, Feijóo aseguró que la Xunta invirtió 75 millones de euros en 2015 en tratamientos contra la enfermedad y que en el 99% de los casos, la comisión médica encargada de su evaluación autorizó la dispensación de los nuevos fármacos. Insistió el presidente que son los facultativos los que deciden el tipo de tratamiento y que la Xunta va a seguir con este modelo, de respetar siempre el dictamen médico.

Feijóo destacó que la Fiscalía es "libre para investigar lo que considere oportuno" y aseguró que la Xunta dará las explicaciones pertinentes. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, enfatizó que la actuación del Sergas siempre se movió según criterios clínicos y no presupuestarios, al mismo tiempo que avaló la labor de los dos altos cargos investigados por el juzgado. Tras precisar que todavía no llegó la notificación a los investigados, Almuiña precisó que en la consellería hay "tranquilidad" porque la Xunta entiende que siempre se utilizaron "criterios clínicos para la atención a los pacientes". "Y creemos que hicieron el trabajo como tiene que hacerse, con criterio, con responsabilidad y sabiendo que tenemos pacientes con cierta gravedad, que llevan muchos años con esta enfermedad", añadió.

También quiso destacar que los responsables de la Consellería de Sanidade han trabajado "a destajo" y con "criterios claros" para que la accesibilidad a los tratamientos "sea universal sin exclusiones entre los pacientes". El conselleiro negó con rotundidad que se utilizaran criterios presupuestarios. "Está claro que no; se usaron criterios clínicos y así lo defenderán las personas de la consellería que tuvieron la responsabilidad directa y que, para nosotros, hicieron una gran labor todo este tiempo", dijo.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso mostró su confianza en que se aclare cuanto antes la investigación, pero aseguró que el plan nacional para combatir esta patología "también es un éxito en Galicia". Este programa, precisó, tiene el objetivo de llegar a 52.000 pacientes, de los que 46.000 ya han recibido el tratamiento. "Es un éxito y está llegando a todos los sitios en todas las partes", añadió, al tiempo que se declaró "muy satisfecho" con el comportamiento de las comunidades autónomas en la aplicación del plan, sin querer entrar en "distinciones" entre ellas.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió, por su parte, la "total objetividad" del Gobierno gallego en la atención a los enfermos de hepatitis C, siempre según los "protocolos médicos" y sin menoscabo alguno para la salud de los pacientes.

"Hemos sido de las comunidades autónomas que más han invertido en la lucha contra la hepatitis C", agregó, tras lo cual incidió en que la situación de los enfermos "obliga a ser muy serios y muy objetivos y a actuar siempre de acuerdo con los criterios médicos".

El portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, se pronunció en el mismo sentido, con el matiz de destacar que Galicia comenzó a suministrar los fármacos antes incluso de la aprobación del plan nacional.