Un total de doce comunidades pidieron ayer al ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, que retire el proyecto de real decreto que regula las evaluaciones externas de ESO y Bachillerato de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y mantenga el curso que viene la selectividad. Así lo confirmaron varios consejeros autonómicos a su salida de la Conferencia Sectorial de Educación que tuvo lugar ayer en Madrid.

Entre las autonomías contrarias no estuvo Galicia, que avaló las propuestas del Gobierno, según dijo el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a este diario: "Galicia trabaja lealmente tanto con Galicia como con el ámbito ministerial".

En lo relativo a la reválida de la ESO, necesaria para "obtener el título de la etapa" y poder seguir estudiando, Rodríguez explicó que Galicia planteó al Ministerio qué ocurre con aquellos que no superen la evaluación. "Hay que dar una solución a los alumnos que por el motivo que sea suspendieron la evaluación de 4º y darles una opción para que puedan seguir estudiando". En ese sentido, apuntó que el Ministerio trabajará en "varias líneas" para dar respuesta a este problema.

Con respecto a la prueba de Bachillerato, se mantiene la idea de que sea algo "muy parecido" a la actual selectividad, señaló el conselleiro. "Las universidades y la Xunta participan en la elaboración del examen en colaboración con el Ministerio", explicó, para añadir que se trabaja en un "marco único"

Las comunidades contrarias a los planes del Gobierno son Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, País Vasco, Navarra y Cataluña.

El consejero valenciano, Vicent Marzá, el primero en abandonar la reunión, indicó que la mayoría de las comunidades pidieron al ministro la retirada de esta normativa y lamentó que la reválida de Bachillerato haya sido acordada antes con los rectores que con las autonomías.

Horas antes del encuentro, que duró más de tres horas, el ministro de Educación advirtió de que "procederá" si alguna comunidad no realiza la evaluación de 6º de Primaria, pero se mostró convencido de que todas cumplirán la ley. En declaraciones a Onda Cero, Méndez de Vigo defendió que la prueba "tiene un valor diagnóstico y pretende ver si el sistema educativo está bien encarrilado".