El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago ha abierto una investigación para determinar si cargos de las consellerías de Política Social y de Sanidade incurrieron en "eventuales responsabilidades penales" por la "dilación" para encontrar centro residencial adecuado a un sin techo en Santiago de Compostela. En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el titular del juzgado, Roberto Soto Sola, pide la "deducción de testimonio de particulares" y su remisión a la Fiscalía para "depurar" las responsabilidades en los hechos investigados.
En concreto, con los hechos investigados se relaciona al secretario xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade, Jorge Rubén Sampedro; la directora xeral de Maiores e Personas con Discapacidade, Coro Piñeiro; el director Xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal; la jefa de Servicio de Trabajo Social del CHUS; y la directora de Procesos Asistenciales del EOXI Santiago de Compostela, Sonia Fernández.
El juzgado aborda la asistencia a un hombre de 48 años, soltero y sin hijos, diagnosticado de trastorno mixto de la personalidad y dependencia del alcohol y opiáceos. Tras ser ingresado por una neumonía en el Hospital de Conxo, los forenses consideraron "beneficioso" ingresarlo en un centro residencial "adecuado a su estado psicopatológico", cuestión que autorizó el juzgado el 2 de febrero de 2016.
Según se recoge en el auto, el 11 de marzo "el secretario xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade", Jorge Rubén Sampedro, informa de que la Xefatura Territorial da Coruña desestimó a fecha del 22 de febrero esta solicitud de emergencia social con traslado del expediente a la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. Por ello, le requiere que, "de forma personal" y a la "mayor brevedad", remita la resolución de la Xefatura Territorial y la documentación e informes en los que se basa, que Sampedro hizo llegar días después. Además, pide que la directora xeral de Maiores e Personas con Discapacidade y el de Asistencia Sanitaria que lleven a cabo "los trámites correspondientes" para "designar centro residencial" donde debe ser ingresado el hombre.
El auto relata los siguientes trámites que siguió la Xunta para encontrar plaza al sin techo, que culminó el 11 de abril, asignándole una en un geriátrico de Viveiro. Sin embargo, el magistrado hace constar en el auto que enviar a una persona sin hogar con problemas mentales y de acciones a un geriátrico es asignarle un recurso "sin adecuación objetiva básica" a sus necesidades y que además se debe contar con el consentimiento de la persona para elegir el centro que más se atenga a sus preferencias.
Por todo ello, el juez califica de "extraordinaria e injustificable" la "dilación" por parte de las consellerías de Política Social y de Sanidade en la determinación del centro residencial adecuado al estado psicopatológico del paciente. "Causa perplejidad que desde la Administración autonómica competente en la materia no se determinen de manera mínimamente ágil dispositivos adecuados a su estado psicopatológico no ofreciendo otra salida de sendos centros geriátricos", apunta el auto.
La Xunta respondió que "siguió en todo momento" las indicaciones del juzgado compostelano sobre la atención a un sin techo en la capital gallega y puso "a disposición de esta persona todos los recursos disponibles", que el afectado "rechazó". Además, tras mostrar su disposición a colaborar en la atención de este tipo de casos, la Consellería de Política Social aseguró que la "competencia en la atención a las personas sin techo" corresponde a los ayuntamientos.
