La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y los otros tres investigados en una causa abierta por supuestas irregularidades se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la fundación que homenajea al Nobel, lo que los sentará en el banquillo de los acusados, a falta de que se fije fecha, en un juicio con jurado popular.

Aunque el abogado de Lola Ramos, la vecina de Iria Flavia que impulsó la investigación, ha considerado que "todavía es pronto para determinar la pena concreta", señaló que el Código Penal establece una penalidad (si resultan culpables) de entre tres y seis años de prisión, además de entre seis y diez años de inhabilitación. El abogado de la vecina, Xose María Rodríguez, calificó de "positivo" el auto que ratifica la apertura de juicio oral con tribunal de jurado y ve "ratificado" lo que acusación y Fiscalía venían defendiendo desde el inicio de la causa.

"Desde que pusimos los hechos en conocimiento de la Fiscalía, advertíamos la existencia de unos indicios claros de criminalidad contra los imputados, la presidenta de la Fundación y su gerente", señaló Rodríguez, en referencia a Marina Castaño y Tomás Cavanna. Ya en la investigación, indicó, se observó también la "participación" de otras dos personas que han resultado finalmente investigadas, el exconselleiro de Fraga Dositeo Rodríguez y su hija, Covadonga Rodríguez, quien sustituyó a Cavanna en la gerencia de la fundación.

Xose María Rodríguez destacó que el juzgado "también validó las posiciones" de la acusación, al acordar que los delitos se juzgasen por un jurado popular, decisión que también había sido recurrida por los investigados pero que, sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado.

La Consellería de Cultura reiteró ayer que "respeta y respetará las decisiones judiciales" sobre el caso que atañe a la Fundación Camilo José Cela. La Xunta recordó que la Consellería aceptó la "renuncia" a sus funciones directivas presentada por Covadonga Rodríguez cuando se cerró la instrucción, momento desde el cual la Secretaría Xeral de Cultura asumió las competencias de dirección.