Internautas y entidades de derechos de autor aplauden el fin del canon digital actual

Afirman que el sistema aprobado por el PP, que compensa a los autores con cargo a los presupuestos del Estado, obliga a todos los contribuyentes a pagar, sin que hagan copia

10.06.2016 | 12:10

Compensar los derechos de autor con presupuesto de las arcas públicas es ilegal e injusto. Así lo dictaminó ayer el Tribunal de Justicia de la UE, que ha anulado el sistema español aprobado por el Gobierno del PP al estimar que colisiona con la directiva comunitaria sobre derechos de autor, ya que no garantiza el pago a los autores y obliga a todos los contribuyentes, aunque no hagan copias, a participar en el pago.

La sentencia obligará a España a revisar este sistema aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que trabajarán "a pleno rendimiento" para hallar "una solución satisfactoria".

Las entidades de gestión de derechos de autor que iniciaron el proceso contra el actual canon -Egeda, Dama y Vegap- celebraron ayer el fallo, que consideran "un espaldarazo a la cultura". Así lo destacó a LA OPINIÓN Rafael Sánchez, director de Egeda, al tiempo que recordó que la Secretaría de Estado de Cultura decidió en 2012 "de forma unilateral" que el canon se sufragase con los presupuestos generales del Estado "creando un impuesto indiscriminado para todos los españoles y aumentando el déficit público". Sánchez advierte que el Estado "tendrá que responder por los perjuicios causados", que calculan superiores a los 400 millones de euros y apunta que la sentencia "obligará al Ejecutivo a modificar su ley y adaptarse a la normativa comunitaria".

"Estamos satisfechos porque el tribunal europeo nos ha dado la razón de forma contundente; ahora hay que modificar la ley", añade Sánchez.

El canon digital ha pasado ya por dos posiciones. La primera, establecida por el gobierno de Zapatero, gravaba la compra de dispositivos como CD o DVD para compensar a los creadores por el supuesto perjuicio que la utilización de esos soportes para fines privados les generaría. La segunda fue cuando el gobierno de Rajoy sustituyó ese forma por una partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a las entidades gestoras de los derechos de autor, una cantidad muy reducida a la que cobraban anteriormente. "En ninguna de estas dos decisiones se tomó en cuenta nuestra opinión y ambas eran erróneas", advierte el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. "La opción del PSOE estaba mal y también fue anulada, porque no se podía cargar arbitrariamente el canon digital a todos los dispositivos. Y el Partido Popular cometió otro gran error al cargarlo a los presupuestos del Estado porque es inconcebible que los derechos de autor los tenga que sufragar el contribuyente, independiente de que ejerza el derecho a la copia privada o no", explica Domingo, que aplaude la decisión del tribunal pero lamenta que "ahora, tras diez años de trabajo, nos encontramos de nuevo en el mismo punto de salida".

En opinión de los internautas y de la Unión de Consumidores de Galicia, "la opción más justa sería que el canon por copia privada fuera al original, como ocurre por ejemplo con los software, pero nunca a los dispositivos". "Es la solución más razonable y más justa hacia los autores", apuntan.

Por su parte, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), que agrupa a las principales entidades gestoras de derechos de autor, apuesta por utilizar "el modelo vigente en casi todos los países europeos" y reclama que se compense "la enorme diferencia que existe entre el importe que se ha estado pagando y el que se debería haber pagado".

Por su parte, la Asociación de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación afirma que el Tribunal sí apoya que el sistema de compensación vaya con cargo a los Presupuestos Generales. "Aunque el sistema de financiación más común sea el del pago por los dispositivos de grabación y copiado, la directiva no se opone a que los Estados miembros opten por financiarla con cargo a sus presupuestos generales".

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