En el primer trimestre de año se registraron 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad, una práctica que generalmente se solicita con el fin de proteger a mujeres, pero que genera controversia entre expertos debido a la contundencia e irreversibilidad de la medida. La esterilización queda despenalizada en España en el artículo 156 del Código Penal cuando la persona "adolezca de grave deficiencia psíquica" y la práctica "haya sido autorizada por el juez".
En 2015, entraron en los juzgados 71 procesos de esterilización, según datos del Consejo del Poder Judicial, que no precisa si se resolvieron favorablemente o no. Fueron seis procesos menos que en 2014 y nueve menos que en 2013; una tendencia a la baja que queda por ver si este año se mantiene. La esterilización es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
