La conservación y mantenimiento del numeroso patrimonio eclesial obliga al Arzobispado de Santiago a un desembolso de 4,6 millones de euros en 2016, una cifra que además va en aumento con respecto a otros ejercicios. De hecho, según recogen los presupuestos de esta institución, en este año se gastará casi un 6% más.
Desprenderse de muchas de estas propiedades, por sus particularidades, no siempre es fácil y, en muchas ocasiones, la Iglesia opta por alquilarlas para aumentar sus ingresos y evitar que estén desocupadas y se acentúe su deterioro. Sin embargo, los réditos que saca por arrendamientos son solo 1,3 millones de euros, tres veces menos de lo que se gasta en conjunto para preservar y mantener estos edificios.
Esto explica que, en ocasiones, el presupuesto de la Iglesia no alcance para mantener inmuebles que tienen además un importante valor histórico y cultural. Por esta razón, la Consellería de Cultura decidió elevar su control sobre los bienes eclesiásticos para evitar su deterioro. Sin embargo, este plan no estará listo hasta 2017.
Así lo recoge la Lei do Patrimonio Cultural. Esta norma incluía una disposición para aprobar en un plazo máximo de un año desde su aprobación un reglamento "que regule las relaciones entre la Xunta y la Iglesia católica". El problema es que la actual subcomisión que debe proteger el patrimonio eclesial no tiene un reglamento propio que fije su composición, su funcionamiento y otros aspectos necesarios para ejercer sus funciones. Una vez se concreten estas reglas esta mesa de trabajo conjunta entre la administración y las autoridades eclesiásticas podrá vigilar más de cerca el patrimonio y evitar su abandono.
