Google ha cargado en la cuenta de un niño de 12 años más de 100.000 euros en concepto de publicidad de su página web. Todo a causa de un error y por la facilidad con la que se pueden contratar estos servicios a través de internet sin limitaciones, según ha explicado su familia, que ha puesto el asunto en manos de un abogado. El menor abrió una cuenta en Google AdWords a mediados de agosto pasado, con la ayuda de un amigo de 15 años. Su objetivo era cobrar por los contenidos que iba a difundir a través de las visitas de usuarios a su canal de youtube y la publicidad que éstos fueran insertando en su web, dedicada a la música. Al menos eso es lo que los chavales creían que estaban haciendo.
Ambos pretendían emular a los «youtubers» más conocidos del país, y como en el cuento de la lechera internauta, ya se veían con millones de suscriptores, rodeados de fama y dinero. Pero ni uno ni otro se dieron cuenta de un pequeño matiz en este negocio que pensaban redondo. El resultado: en poco menos de dos semanas han ordenado en la cuenta bancaria que asociaron a su página el gasto de cantidades astronómicas por publicitarse ellos. En efecto, la cuenta que abrieron no era para recibir retribución. Era para pagar por la inserción de publicidad. AdWords es el servicio de la todopoderosa multinacional para promocionar y posicionar contenidos en la web. Los usuarios abonan servicios a la firma para ubicar anuncios en los sitios de la web más oportunos a fin de captar visitas o ubicar sus contenidos en zonas preferentes en las búsquedas que se realizan en los navegadores. Los internautas entonces acuden a visitar estas webs que se publicitan a través de una campaña con un límite de presupuesto. En este caso muy elevado.
El trámite para contratar esta forma de publicidad es muy sencillo, según confirmó la propia asistencia técnica de Google a Diario Información. Sólo es necesario aportar una cuenta de correo, una cuenta corriente y el sitio o página web que se pretende publicitar, en el caso de particulares. Es evidente que lo puede hacer un niño. Aunque en el caso de las empresas sí se solicita un CIF. El chaval, con la ayuda de su amigo, abrió la cuenta entregando estos datos. El paso definitivo fue el de aportar el número de cuenta bancaria, que correspondía a su propia cartilla de ahorro, como titular. Sólo con esta información, sin facilitar un DNI ni verificar su edad -según la versión de la familia-, el niño pudo comenzar a operar. Que los contenidos se limitaran a una página web muy "básica", la difusión de una cuenta de twitter de los dos amigos o el anuncio aislado de un bar ligado a uno de los dos, no hizo sospechar a la multinacional tecnológica.
La madre del pequeño, Inma Quesada, explica que su hijo, que estudia primero de ESO, comenzó a contar que iban a comprar un "montón" de cosas con el dinero que estaban ganando con internet, incluida una mansión. "No le hice mucho caso. Pensé que era cosa de críos", comenta, "me dijo que quería ser youtuber".
Nada raro teniendo en cuenta que es a lo que se quieren dedicar la mayoría de adolescentes. Fue a principios del mes de agosto cuando el banco alertó a Quesada de los cargos anómalos que estaban llegando desde Google Ireland, sede de la empresa en Europa. Alertas que llegaban a los móviles del chaval y que, por su lenguaje, fácilmente se podían confundir con comunicaciones de pago. Algunos por importe de 50 euros, otros de 100, 150, 638 o 915 euros, pasando por los 1.500, hasta los 18.000 en una semana. Simple calderilla comparado con el último que se registró el pasado lunes 26 de septiembre: 78.000 euros. En total, en menos de un mes, la familia del menor adeuda a Google Ireland la friolera de más de 100.000 euros, al parecer, en solicitudes de publicidad de los contenidos de la página creada por los dos amigos. Un sitio web casero y muy rudimentario, y cuyos contenidos hicieron desaparecer deprisa y corriendo al desactivar la cuenta cuando sus padres comenzaron a pedir explicaciones.
Los jóvenes youtubers se habían metido en un buen lío. Los padres no se explican cómo es posible que un niño haya sido capaz de ordenar ese gasto sin que saltaran las alertas en la firma que ofrece ese tipo de servicios. Sobre todo por los ingenuos contenidos de la página web de los chicos, alojada además en un proveedor gratuito.
Cuando la familia, con escasos recursos, contactó con un informático de Torrevieja, Francisco Pacheco, les alertó de la gravedad del asunto y de las responsabilidades derivadas de la "iniciativa", esta "Chiquillada 2.0" y de enfrentarse a la reclamación de una de las empresas más poderosas del mundo. Tanto Pacheco como el letrado Fernando Fraile se han prestado a ayudarles de forma altruista.
