La Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública (SOS Sanidade Pública) exigió ayer a la Consellería de Sanidade que "adopte las medidas necesarias" para que las mujeres "puedan ejercer" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo "en los hospitales públicos de las áreas sanitarias en las que viven".
Según resaltó en una nota la asociación, se pretende que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) "deje de enviar" a las mujeres a "clínicas privadas fuera de Galicia, poniendo en peligro su salud".
Así se manifestó esta asociación a raíz de la sentencia que condena al Sergas a pagar 270.000 euros a una paciente derivada a una clínica privada de Madrid a abortar a causa de malformaciones congénitas en su embarazo en el hospital gallego del área en la que reside "por no disponer de personal dispuesto a realizar" la intervención.
La Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública considera "inaceptable" que "no se interviene a la paciente cuando fue detectada la anomalía en el hospital del área donde reside por no disponer de personal dispuesto a realizarla".
Al respecto, recuerda que la paciente fue derivada a una clínica privada de Madrid para ser intervenida y "donde surgieron complicaciones atribuibles al enorme retraso en la intervención", que, según recalca la asociación, "pusieron en riesgo su vida y obligaron a extirparle el útero, dejándola estéril para siempre".
