La exdirectora de Procesos Asistenciales del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) Ana Souto aseguró ayer en el juzgado que comunicó "personalmente" a los cargos del Sergas investigados -antes imputados- por supuestos retrasos en los tratamientos contra la hepatitis C la "urgencia" de tres de los casos que figuran en la causa (por haber fallecido), aunque ratificó que ella, desde su posición, no podía hacer nada por estos tratamientos "al margen de la subcomisión".

La exdirectora declaró en calidad de testigo ante el magistrado Andrés Lago Louro que instruye la causa contra dos cargos del Sergas por supuesta prevaricación al retrasar el tratamiento contra la hepatitis C a varios pacientes, debido a que el fármaco era novedoso y su precio resultaba muy elevado. Su comparecencia deriva de la declaración tomada en el mes de abril a los dos investigados por estos hechos -el exdirector de Asistencia Sanitaria Félix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado-, que aludieron a la responsabilidad de esta directiva en relación a tres de los casos investigados y dejaron entrever que no había empleado un procedimiento de urgencia para el tratamiento de estas personas, que finalmente fallecieron.

Sin embargo, ante el juez, la mujer "puso en evidencia" que ella "no tenía capacidad, presupuesto ni medios para actuar autónomamente sin la autorización de la subcomisión" de farmacia que debía autorizar el tratamiento. Así lo apuntó el letrado Pedro Trepat, que representa a la acusación ejercida por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, tras su salida de la vista, que la consideró "clarificadora". En relación a estos tres casos, dijo Trepat, la testigo "aseguró que, antes de remitir los correos pertinentes, informó personalmente a los investigados de la gravedad de los mismos, poniendo de relieve la preocupación de los médicos por esa situación y por agilizar los tratamientos, pero ellos le remitieron al trámite convencional, que era el de la subcomisión".

El juez, por su parte, ha ordenado al Imelga la práctica de una prueba pericial para determinar el grado de relación entre las muertes de los pacientes y las decisiones políticas que se tomaron y que la acusación confía en que "ratifique la pretensión de considerar que se cometieron ocho delitos de homicidio" por imprudencia profesional.

Tanto la Plataforma de Afectados como la Fiscalía están también a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva su recurso contra el auto del juez Lago Louro en el que rechaza "clarificar" si, además de prevaricación administrativa, los investigados lo están por homicidio por imprudencia profesional, como recogía la denuncia del Ministerio Público.

Por su parte, la Consellería de Sanidade consideró, en un comunicado, que la declaración de Ana Souto "reafirma el proceder riguroso de la Administración". "La comparecencia de las exdirectiva confirma el proceso que seguía el Sergas en la autorización y administración de este tipo de fármacos, en el que el proceder se desarrolló siguiendo estricta y rigurosamente los cauces establecidos para estos casos", sostiene la Xunta.