No es la primera vez que desde el Gobierno se intenta modificar la normativa sobre bebidas alcohólicas para frenar el consumo entre adolescentes. En 2013 otra ministra, también del PP, en este caso, Ana Mato, realizaba el mismo anuncio que ayer hizo Dolors Montserrat y lo hacía también en el Parlamento y asimismo en respuesta al Grupo Parlamentario Vasco. No obstante, ese proyecto fue uno de los que se quedaron en el tintero de su mandato y Alfonso Alonso no lo retomó. En su periplo se enfrentó con el rechazo desde dentro del propio Gobierno: el Ministerio de Agricultura le advirtió que el vino y la cerveza no podían tener la misma regulación que los espirituosos. Con trabas similares se había tropezado antes ya Elena Salgado, ministra socialista, y al final acabó retirando el proyecto.

En algunas comunidades hicieron los deberes por su cuenta, como ocurrió en Galicia, aunque la constatación de que urgencias atiende más de 400 intoxicaciones etílicas por año disparó la voz de alarma. Primero fue la Valedora do Pobo la que cuestionó la eficacia de la legislación gallega, y luego fue la Xunta la que concedió que habría que realizar unas modificaciones tras seis años de vigencia. La ley gallega contempla sanciones para menores que beban y para quienes les vendan alcohol.