Hay coincidencia entre jueces y la asociación asturiana contra el acoso escolar de que se deberían de prohibir los teléfonos móviles en centros escolares o vigilar sus contenidos. Es la visión que defiende el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias ejemplificantes, que está a favor de que los padres "violen" la intimidad de sus hijos y accedan a los contenidos de sus teléfonos.

El magistrado Ángel Campo es contundente ante la problemática, tanto en el uso de redes sociales como móviles por menores. "Hasta los 14 años no se debería tener móvil; pero la realidad social va en contra de eso porque produce un aislamiento a los chavales", afirma. "Y en las redes sociales debería de ser a partir de los 16 años. Aún más, yo abogaría por la mayoría de edad", matiza el magistrado. Campo añade que, por mucho que se regule por ley, un joven puede entrar y cambiar la edad en su perfil. "Hay que buscar sistemas para que se identifiquen con DNI en esas redes sociales. Con eso se sabe si tiene la edad o no".

Respecto a entrar en la intimidad de los hijos para revisar sus móviles, el juez entiende que no se está violando nada. "Se está protegiendo el derecho de los padres a proteger a los hijos. Es un tema resbaladizo. Por eso hay que regular mejor. Para unas cosas queremos hacer a los menores adultos y por otro lado se les deja hacer". El magistrado cree que se puede resolver y que no se trata de un imposible, de poner puertas al campo de las nuevas tecnologías. "Si no se permitiesen saltarse los límites legales no habría problemas. Eso pasó con el alcohol, pero con más redadas y más controles se resuelve. Hasta que no se sanciona no se aprende", argumenta.

El magistrado tiene muy claras las causas. "Yo veo que en la primera comunión se les compra el último modelo de móvil, se le da un móvil de última generación a críos con nueve u ocho años. Ese es el quid de la cuestión. Es fácil acabar con estos problemas, pero no se quiere. Hay que limitar el uso y la manera de que no lo usen es quitárselo, tenerlo bajo custodia", afirma el magistrado de la Audiencia.

Encarna García, presidenta de la Asociación contra el acoso de escolar, tiene una opinión similar, aunque con matices. Respecto a lo móviles dice que lo que hay que hacer es tomar ejemplo del director de un instituto de Lérida, que prohibió el teléfono en primero y segundo de la ESO y les fue muy bien. "Y nadie está protestando. De hecho están pensando en prohibirlo en todo el instituto", desvela, y añade: "Yo soy partidaria de la prohibición absoluta en los centros escolares, públicos y concertados. No soy partidaria de prohibir porque sí, pero los padres tienen que educar y controlar lo que están haciendo los hijos. Es una herramienta peligrosa".

El juez Ángel Aznárez tiene otra visión, aunque coincide en la vigilancia de los padres. "Las nuevas tecnologías usadas adecuadamente son positivas; pero muy malas cuando se hace desordenada y de manera obsesiva. Si se causa un mal a terceros hay obligación de responder. Cuándo se lo hace así mismo, allá él; pero si es a terceros no puede quedar impune, incluso con herramientas usadas por menores".