En un año la lista de espera de dependientes con derecho a prestación ha bajado diez puntos, pasando del 36,1% en 2015 a un 26,2% a finales de 2016. La Administración autonómica ha incorporado en un ejercicio a 7.570 personas que aguardaban a que se materializase su paga. Este empujón en el abono de las prestaciones, unido a la depuración del censo, con un número de defunciones que el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales no contabiliza por comunidades autónomas, han contribuido a disminuir en la comunidad el llamado "limbo" de la dependencia. Aún así, Galicia se sitúa en décima posición (de menor a mayor lista de espera), con el 26,2% alcanzado en 2016.

Si bien ha conseguido salir del furgón de cola que ocupó durante varios años junto a Canarias (ahora son Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía las que presentan peores resultados en cuanto a espera), comunidades como Castilla y León (con solo un 0,61%), Madrid (14,42%), Asturias (15,6%), Murcia, Baleares o País Vasco son las que menor espera presentan.

En estos momentos, según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, son 49.101 personas en Galicia las que perciben la prestación por dependencia y más de 66.400 tienen reconocido este derecho. Los dependientes que aguardan su prestación son 17.393.

El dictamen del Observatorio de la Dependencia con datos de 2016 apunta que en los últimos años "han fallecido más de 150.000 personas en España sin recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos". "Si realizamos un cálculo, teniendo en cuenta que la lista de espera de Galicia supone un 5% de la lista de espera de todo el territorio estatal, las defunciones en la comunidad gallega podrían superar el millar, de modo estimado", apunta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La ley de dependencia ha cumplido diez años y en este tiempo, debido al nivel de solicitud de prestaciones, el presupuesto no ha cubierto toda la demanda. El Observatorio de la Dependencia indica que el Estado "solo aporta el 18% del gasto público del sistema y las comunidades el 82% restante, cuando el compromiso inicial era del 50%".