Los testigos que ayer comparecieron en sede judicial por el caso de los tratamientos contra la hepatitis C se adhirieron a la versión del Sergas, cuya actuación afirmaron que fue "correcta", y aseguraron que los tratamientos se dispensaron basándose en "criterios médicos", una declaración que los denunciantes consideran "orientada" por la Administración sanitaria.

Los testigos que declararon ayer son un miembro de la subcomisión de farmacia que abordaba el suministro de los tratamientos contra esta dolencia y los gestores que ocupaban, respectivamente, la dirección de Recursos Económicos del del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Los testigos prestaron declaración en Santiago ante el juez Andrés Lago, que instruye la causa en la que están investigados el entonces director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, a los que se atribuye los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y prevaricación administrativa.

Tras las declaraciones, el director general de la Asesoría Jurídica de la Xunta, Manuel Pillado, afirmó que los testigos "han sido tajantes" en sostener que "solo se tuvieron en cuenta criterios médicos" a la hora de conceder estos tratamientos y que "en ningún caso se restringieron por razones presupuestarias o de otro tipo".

En línea con lo mantenido por los investigados y por el Sergas, los responsables de los recursos económicos "aclararon que nunca el presupuesto fue un factor limitativo en el gasto de este tipo de medicamentos" y que "se cursaron todas las peticiones", destacó Pillado. Asimismo, el facultativo integrante de la subcomisión aseguró que se tuvieron en cuenta "los protocolos sanitarios establecidos" que "en ningún caso se intentó restringir", si no que "se intentó la interpretación más favorable para el tratamiento de los pacientes".

El letrado de la Xunta, que se mostró "muy satisfecho" con las declaraciones, recordó que los hechos sucedieron en "una época en las que estos medicamentos ni siquiera estaban autorizados ni comercializados en España" y que, "pese a ello, siempre se tramitaron las solicitudes, se actuó sin demora y se dieron los tratamientos que los facultativos consideraron necesarios". Manuel Pillado calificó de "muy ilustrativas" las declaraciones de este miércoles y, en relación a ellas, ha considerado que no es necesario que comparezcan como testigos los restantes integrantes de la subcomisión.

Tras la comparecencia judicial, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Quique Costas, afirmó que los testigos "no han aportado nada sustancial" y consideró que las declaraciones han estado "claramente orientadas" desde el Sergas. Costas criticó que, en esta sesión, "se ha perdido una oportunidad de arrojar luz sobre este asunto" y consideró que existe "una especie de pacto de silencio" con el que "no se está colaborando en absoluto a que se haga justicia" y a "reparar a las víctimas". Mientras que los responsables económicos "manifestaron que su posición en el organigrama no conllevaba responsabilidad ninguna", el miembro de la subcomisión "mantuvo que la actuación del Sergas fue siempre correcta" y que "las actuaciones de los dos altos cargos eran actuaciones orientadas al bien de los pacientes". "Sin embargo, aquí hay unos hechos, los hechos están acreditados en la denuncia y en la investigación de la Fiscalía y, sin embargo, cada vez que comparece alguien del Sergas, sean directivos o personal de la subcomisión, la sensación que nos queda es la de que nadie tiene ninguna responsabilidad", lamentó el portavoz de la Plataforma.