"De acuerdo con un nuevo informe los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y también la prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental". De este modo lo hizo constar la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado octubre en un comunicado en el que defendía además que "las políticas fiscales que conducen a un aumento de al menos el 20% del precio de venta al público de las bebidas azucaradas podrían redundar en una reducción proporcional del consumo de estos productos". En la línea de estas recomendaciones, argumenta la Generalitat, acaba de entrar en vigor en Cataluña un impuesto que grava las bebidas azucaradas. Galicia, sin embargo, no seguirá el ejemplo, ya que esperará a que sea el Gobierno central el que dé el paso a través de una eventual normativa para evitar un posible conflicto de competencias que pueda acabar en el Constitucional, alegan desde la Consellería de Facenda.

No obstante, no está previsto a corto plazo que el Gobierno central promueva una normativa en esa línea. Aunque así estaba pensado el año pasado cuando se presentaron los presupuestos, la negociación con Ciudadanos para sacar adelante las cuentas generales y la condición de esta formación de no subir impuestos han provocado que el Ejecutivo central se reserve el recurso al impuesto sobre el azúcar solo en el caso de que a lo largo del ejercicio se produjese algún riesgo de desviación del objetivo de déficit.

Pese a que la posición del Gobierno da pábulo a deducir que el gravamen sobre las bebidas azucaradas no tendrá un reflejo inmediato, la Xunta se remite a que dicho tributo fue incluido por el Gobierno en la actualización del plan presupuestario para este año, con "un efecto estimado en la recaudación de 200 millones de euros para todo el Estado". En ese documento, alegan desde el departamento que dirige Valeriano Martínez, el Gobierno estableció asimismo que dicho impuesto "se regulará legalmente a lo largo de este año".

En ese argumento, en que el impuesto está previsto por el Estado, se escuda el Ejecutivo autonómico para no abordar un gravamen similar al de Cataluña, porque podría traer conflictos de competencias. "Galicia considera que, en cumplimiento de la Ley de Financiación Autonómica, los tributos que establecen las comunidades no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado", explican desde Facenda, desde donde concluyen: "Entendemos que existiría el riesgo de que esta propuesta fuese recurrida por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y suspendidos -por lo menos temporalmente- sus efectos".

Pese a que no abordará el gravamen (tampoco el País Vasco, la Xunta destaca que "está de acuerdo en la importancia de adoptar medidas para frenar la obesidad, sobre todo la infantil", y por ello, dice, ya trabaja en actuaciones en ese sentido. Un "ejemplo", apunta, sería el plan Xermola,plan Xermola para frenar el problema de sobrepeso y de obesidad que afecta a la juventud gallega y "mejorar el patrón alimentario y de actividad física" como "determinantes de la obesidad en niños y jóvenes. Entre otras medidas, ese plan recoge la asesoría y supervisión de menús escolares, la formación de responsables de los comedores o la edición de libros de menús, además de la web Xente con Vida.

La macroencuesta que realizó la Xunta en los colegios y que desembocó en el plan Xermola permitió constatar lo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, definió como un "grave problema de salud pública": uno de cada cuatro escolares de Educación Primaria y Secundaria tiene sobrepeso y ocho de cada cien son obesos. Pero el problema no se reduce a los niños o adolescentes. Según el Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), Galicia es la segunda comunidad con mayores tasas de peso y obesidad entre los adultos: el 24,9%.

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, aseguró ayer que el nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas forma parte de una "nueva cultura" para "corregir" cuestiones de salud, por lo que "hay la voluntad" de aplicar un impuesto similar en otros productos con exceso de grasa y azúcar. "El impuesto de bebidas azucaradas forma parte de una nueva cultura de impuestos. El impuesto queda enmarcado en la nueva corriente de usar los impuestos para corregir ciertos problemas que tiene la sociedad", señaló Salvadó.

"El objetivo del Govern es corregir determinados hábitos, no tanto de los consumidores como de los propios fabricantes", señaló el político catalán, quien añadió: "Existe la voluntad de poner este impuesto sobre los alimentos con exceso de azúcar o de grasa".

Las empresas de la industria, distribución y la hostelería empezaron el pasado día 1 a aplicar en Cataluña el nuevo impuesto autonómico que grava a las bebidas azucaradas envasadas.

Según recordó la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), la medida prevé dos subidas: una de 0,08 céntimos por litro si el producto tiene entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, y otra de hasta 0,12 céntimos por litro en caso de que el azúcar supere los 8 gramos por cada 100 mililitros.